La inseguridad jurídica como “Marca España”
2013 se ha cerrado con un escándalo propio de este convulso año. La subasta CESUR marcando máximos y el gobierno cancelándola, por una supuesta “manipulación” que no ha podido explicar la CNMC. Las eléctricas se echan las manos a la cabeza y claman seguridad jurídica. Efectivamente, seguridad jurídica es lo que se necesita para que este país pueda seguir siendo tenido en cuenta como un destino atractivo para las inversiones en energía, para que se pueda avanzar hacia un modelo energético de futuro y sostenible.
Este año que acaba podría haber sido el de la gran reforma eléctrica que nuestro país necesita. El gobierno debería haber realizado una revisión estructural del sistema eléctrico, que hiciese frente
al grave problema del déficit de tarifa en consenso con todo el sector, escuchando a los organismos reguladores competentes y respetando la seguridad jurídica de los inversores.
Así, podríamos haber continuado avanzando hacia un hacia un modelo energético inteligente, eficaz y sostenible, que nos permitiese reducir la fuerte dependencia energética externa que lastra nuestra economía, treinta puntos por encima de la media europea, controlando nuestro impacto sobre el cambio climático y apoyando a la vez a la competitividad de nuestras empresas, algo que se traduciría inevitablemente en una mejor oferta para los consumidores, con mejores condiciones económicas y medioambientales.
Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2014
