La venta de vehículos eléctricos en enero crece un 380% con respecto a 2017

Enero de 2018 ha cerrado con un volumen de matriculaciones de 1.287 vehículos eléctricos puros entre turismos, comerciales ligeros, cuadriciclos, ciclomotores y motocicletas, lo que supone un incremento en ventas de un 380% con respecto al mismo mes de 2017. Respecto a los híbridos enchufables, con 374 unidades matriculadas, el crecimiento es superior al 200%. Así lo confirman las cifras hechas públicas por AEDIVE.

Este crecimiento constata la importante tendencia hacia la electrificación del parque móvil en España por parte de empresas y particulares y por otro, la consecuencia de las ayudas del MOVALT para vehículos que se pusieron en marcha en diciembre de 2017 con una dotación de 20 millones de euros y que se agotaron en apenas 24 horas.

Por marcas, Renault lidera la venta de turismos (104), furgonetas (65) y cuadriciclos (10) eléctricos y en dos ruedas, Torrot (554) en motocicletas y Govecs (72) en ciclomotores.
En híbridos enchufables, Mitsubishi lidera, con 102 matriculaciones, el mercado de turismos.
Por provincias, Madrid encabeza las matriculaciones de eléctricos con 289 unidades y de híbridos enchufables con 198 vehículos.

Eliminación del gestor de carga

Por otro lado, el Gobierno español ha anunciado que en su “apuesta firme y decidida por el vehículo eléctrico y la movilidad eficiente, proponemos desregular completamente la figura del gestor de cargas para que cualquier consumidor pueda ejercer esta actividad”. Así lo ha señalado el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, en su cuenta de Twitter.

Actualmente, la figura del gestor de carga se encuentra en una fase de modificación del RD 647/2011 que lo regula, con el fin de relajar los requisitos y facilitar su desarrollo, pues desde que se instauró la misma con el objetivo de que el mercado de la infraestructura de recarga pública se desarrollase, lo cierto es que ha provocado el efecto contrario, generando ciertas incertidumbres como la obligatoriedad, o no, de tener que relegar a un gestor de carga el servicio de un punto de carga aunque no hubiera facturación del kilovatio, lo que hasta la fecha no han sido capaces de aclarar desde el Gobierno.