Las renovables españolas acuden al Parlamento Europeo

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Esta misma mañana la situación que atraviesan las energías renovables en nuestro país ha sido protagonista en el Parlamento Europeo, donde se han presentado dos peticiones, una por parte de José Donoso, Director General de UNEF y otra por parte de Piet Holtrop como abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
En su intervención el director general de UNEF, José Donoso, ha denunciado la situación en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos en España y la legislación que prohíbe el desarrollo del autoconsumo. UNEF ha defendido en Bruselas la situación de desamparo en la que se encuentra la industria en España y los más de 60.000 inversores, muchos de ellos familias, que realizaron sus inversiones en plantas fotovoltaicas confiando en el texto del BOE y respondiendo a la llamada de las sucesivas Directivas de renovables aprobadas por el Parlamento Europeo.
Donoso ha realizado una excelente, clara y concisa explicación, apoyada por material gráfico, en la que ha expuesto la situación del sector fotovoltaico en español, incidiendo en lo que ya se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones que la reforma iniciada en España, junto con las medidas que ya se han venido aplicando desde hace un par de años, son un verdadero atentado para la seguridad jurídica y la confianza de los inversores, un problema que no sólo daña a España sino que se hace extensible a Europa.
Donoso ha criticado el nuevo sistema de retribución, basado en los costes de inversión y que asigna una cantidad por MW, cantidad que se ha calculado en base a unos estándares inventados por el Gobierno, según palabras del propio Donoso, y que “incluso algunos representantes del gobierno reconocen que no se ajusta la realidad”. Continuando con su intervención José Donoso ha puesto de relieve la discrecionalidad de la nueva norma, que puede recortar la retribución de ciertas plantas en menos de un 20%, pero que para otras puede suponer recortes de hasta el 52%. El Director General de UNEF ha señalado que las plantas ni siquiera son refinanciables, pues sería necesario que los bancos aceptasen una merma muy importante de la deuda, en torno al 60%, y que el gobierno simplemente quiere que se desmantelen, lo que podría ocurrir, afectando a entre el 30 y el 50% de la potencia instalada y a miles de familias.
La intervención también ha dedicado unas palabras a los planteamientos del gobierno español sobre la ley de autoconsumo, unos planteamientos que atentan contra la libertad individual de lo que cada uno puede hacer en su propia casa, con el establecimiento de un impuesto al sol, que junto con la prohibición de almacenamiento, hacen inviables estas instalaciones. José Donoso ha reivindicado igualmente la desproporción de las multas establecidas para aquellos que dispongan de una instalación de autoconsumo no declarada, sanciones de 60 M€, cuando la sanción a una nuclear por lanzar sustancias radioactivas al ambiente supone 40 M€.
Por su parte Piet Holtrop ha repasado las denuncias que se han interpuesto al gobierno español ante los Tribunales Europeos, confiando en que a pesar de las discrepancias surgidas en algunos aspectos entre la Comisión y la Plataforma a la que representa, las denuncias prosperen. Asimismo ha anunciado dos nuevas acciones judiciales relacionadas con el autoconsumo y la reforma eléctrica y ha solicitado que el Parlamento Europeo vigile la obligación de la Comisión Europea de hacer cumplir el derecho europeo.
Las presentaciones de Donoso y Holtrop han sido apoyadas de forma contundente por Teresa Riera, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quien ha comenzado su intervención con un rotundo “todo el apoyo a los españoles”. Riera ha criticado con dureza la actuación del gobierno español en materia energética, al que ha tachado de no dejar de equivocarse y de iniciar una reforma sin lógica, ni regulatoria, ni económica, ni medioambiental. Una reforma sin una hoja de ruta ni a medio ni a largo plazo, criticada por todos los sectores económicos, por la industria y por los consumidores y ciudadanos.
También han recibido el apoyo de Tatjana Ždanoka del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener abiertas las peticiones hasta la existencia de pruebas fiables de que España va a cumplir con los objetivos en materia de renovables, la necesidad de respetar la seguridad jurídica y la imposibilidad de aceptar medidas de carácter retroactivo.
Al respecto del cumplimiento de los objetivos han sido varios los apuntes, mientras Pilar Ayuso daba por sentado que España está por encima del cumplimiento de objetivos, Giulio Volpi, de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, quien ha comentado también sobre las propuestas presentadas ha señalado que si bien España está llegando a los objetivos de 2020, la Comisión trabaja para publicar a finales de año el avance de los distintos países miembros en materia de renovables. En este aspecto José Donoso ha apuntado acertadamente, que es posible que en 2012 España estuviese en el camino de cumplir los objetivos, pero que debemos recordar que la moratoria a las renovables y la posibilidad de cierre de muchas plantas fotovoltaicas pone en peligro este cumplimiento.
Las propuestas presentadas en estas peticiones han sido duramente criticadas por Pilar Ayuso del Grupo del Partido Popular Europeo, que con los mismos dudosos argumentos que viene esgrimiendo el gobierno ha pedido que se archiven las peticiones, petición que el Parlamento ha obviado, pues como bien señalaba finalmente, Erminia Mazzoni, también del Grupo del Partido Popular Europeo y miembro de la mesa, “necesitamos tiempo para estudiar los posibles procedimientos de infracción hacia el gobierno español que se pueden poner en marcha, y para estudiar lo que se ha presentado. La petición sigue abierta y se enviará a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio”.
En conclusión, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy jueves mantener abierta y tramitar la petición ciudadana contra la reducción retroactiva de la retribución a las energías renovables en España.