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Cada vez con más frecuencia vemos noticias sobre el incremento de muertes y enfermedades relacionadas con las emisiones por el uso de los combustibles fósiles. Igualmente, estamos constatando en nuestras poblaciones el cambio climático. Carbón, Gas Natural, propano o gasoil son combustibles altamente contaminantes y su uso va en contra del principio de sostenibilidad. Es por este motivo que Dinamarca y Noruega ya han prohibido el uso de combustibles fósiles para la calefacción.

“En Iberostar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son una prioridad ante la toma de decisiones. Por este motivo, paulatinamente estamos sustituyendo en nuestros hoteles las calderas de combustibles fósiles por sistemas sostenibles como las calderas de biomasa”. afirma Soraya Romero, Responsable de Sostenibilidad en Iberostar.

El Hotel Iberostar Playa Palma es un hotel de 5 estrellas que fue construido en los años 70 y que recientemente ha sido totalmente remodelado incluyendo mejoras arquitectónicas, sistemas de alta eficiencia energética y domótica de última generación.

Colau Vallori, Responsable de mantenimiento y Servicios Generales de Iberostar, explica que “el consumo energético se divide en tres partidas: iluminación, cocinas y climatización. Evidentemente, en el Playa Palma ya toda la iluminación es de leds. En las cocinas se han instalado también equipos de bajo consumo y en lo que respecta a la climatización, trabajamos mano a mano con los arquitectos y diseñadores porque la energía más verde es la que no se consume. Además, implementamos las soluciones energéticas más sostenibles en cada proyecto.”

El Hotel Iberostar Playa Palma cuenta con dos piscinas descubiertas que, para mayor confort de los huéspedes, se mantienen a una temperatura constante todo el año. “Para la calefacción de estas piscinas se optó por un sistema modular llamado BioBox que viene totalmente premontado con calderas de la marca austríaca Froling. Esta unidad de fácil y rápida instalación nos pareció la mejor opción tecnológica y además cumple nuestros criterios de sostenibilidad” indica el Sr. Vallori. “Las otras opciones existentes que cumplen con la normativa eran bombas de calor, pero las desestimamos porque funcionan a partir de electricidad que, como todos sabemos, en su mayoría no es generada con energías renovables. Además, la electricidad en nuestro país es de las más caras de Europa y con grandes variaciones en su precio. La otra opción era el uso de paneles solares, pero no disponíamos del espacio necesario y además requieren de bastante mantenimiento.”

Desde un punto de vista de sostenibilidad, recalca Soraya Romero, el uso de biomasa en lugar de combustibles fósiles para la calefacción de estas piscinas evita la emisión de más de 250 toneladas de CO2 al año. La biomasa que consumimos es kilómetro cero. Es decir, con el uso de biomasa estamos ayudando al mantenimiento de nuestros bosques y a evitar incendios de los mismos. También estamos generando puestos de trabajo locales.

Otro factor añadido del uso de calderas de biomasa con respecto a los fósiles es la estabilidad del precio de la biomasa con respecto a las subidas y bajadas que tiene el precio de los combustibles fósiles. Según el IDAE, el precio de la biomasa en nuestro país se ha mantenido prácticamente inalterable desde hace más de 10 años y no se prevén subidas ya que la biomasa se renueva año tras año. De hecho, como nos recuerda David Poveda, “España está exportando y hasta regalando biomasa al tiempo que importamos combustibles fósiles.”

La plena sustitución de las calderas de gas y gasóleo por sistemas basados en energía por aerotermia o bomba de calor y su instalación en edificios de nueva construcción elimina las emisiones globales de CO2 de los hogares españoles. Este proceso permite avanzar hacia la plena ‘descarbonización’ que impulsa la UE en sus políticas energéticas y medioambientales, así como cumplir el compromiso alcanzado en el acuerdo sobre el clima de la Conferencia de París.

Estas son las previsiones de Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado, fabricante mundial de equipos de climatización, que aboga por esta sustitución para climatizar y calentar el agua de las viviendas de nuestro país de manera más barata y ecológica, sin usar combustibles fósiles e, incluso, con plena autonomía de la red eléctrica.  En este sentido, la compañía apuesta por un cambio real en el modelo energético español en favor de la independencia energética y la producción y consumo de energías no contaminantes.

En esencia, la aerotermia o bomba de calor es un generador doméstico de energía renovable que usa el calor del aire para producir el 70% de la energía que necesita para ofrecer calefacción (desde -25ºC) o refrigerar (hasta 46ºC). Además, la nueva generación de equipos por aerotermia permite también calentar agua, por lo que es ya una alternativa real para sustituir calderas de gasóleo y gas natural y propiciar una revolución capaz de producir un cambio en las necesidades energéticas de la economía española.

La aerotermia puede sustituir cualquier sistema de calefacción individual o colectivo, independientemente de si usa radiadores, suelo radiante o radiadores de baja temperatura, sin necesidad de cambiar el circuito e instalación de agua caliente.

“Hoy en día, la evolución significa ‘dejar de quemar cosas’ como fuente de energía. La sustitución total de las calderas de gas y gasóleo se va a producir sí o sí. Es inevitable, por cuestiones de supervivencia”, apunta Carlos Gómez Caño, director general de Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado. “

Para la compañía, también es necesario usar correctamente los 10 millones de sistemas de calefacción y aire acondicionado por aerotermia instalados en los hogares españoles en la última década. En este sentido, una gran parte de los usuarios habría comprado equipos únicamente para refrigerar y hoy los usan también para calefacción, por lo que han dejado de calentar sus casas con combustibles fósiles y reducido su gasto energético y sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La eficiencia de la aerotermia como sistema de calefacción y refrigeración está contrastada por su instalación masiva en entornos profesionales. Grandes infraestructuras, fábricas, oficinas, hoteles, hospitales, universidades, centros de ocio o cualquier pequeño negocio han adoptado de manera masiva la climatización por bomba de calor, tanto por su menor coste, como por sus bajos niveles de contaminación.

Toshiba recuerda también que la Unión Europea respalda esta energía renovable como una de las más eficientes y sostenibles para sustituir los equipos obsoletos de climatización y reducir la dependencia energética del continente, los costes en el ámbito residencial y las emisiones de CO2. España es un entorno privilegiado para liderar la implantación de la aerotermia por disponer de una climatología óptima en toda su geografía, en comparación con otros países de su entorno, y necesita de un modelo energético basado en la libertad de elección del consumidor sobre el origen de la fuente de energía que quiere utilizar.

Así lo demuestra la comparación con Francia. El año pasado, en el mercado francés se comercializaron 80.000 equipos para climatización y agua caliente sanitaria por aerotermia, una cifra quince veces superior a las 6.000 unidades que se vendieron en España, aunque la previsión sea multiplicar por siete las ventas en nuestro país, en 2020, hasta las 42.000 unidades.

Hoy, tecnológicamente, es posible climatizar y calentar agua en una vivienda unifamiliar o comunidad de vecinos de manera más barata y ecológica y sin necesidad de conectarse a la red eléctrica, apoyando esta instalación con paneles fotovoltaicos y baterías acumuladoras. Por esta razón, Toshiba considera que es responsabilidad de las empresas de distribución y generación eléctrica ofrecer precios competitivos y dar a los particulares energía eléctrica estable, segura y económica, capaz de competir con la nueva realidad del autoconsumo y autogeneración.

La Fundación Renovables felicita al Congreso por la aprobación, el pasado 29 de marzo en la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta cámara, de una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno a la prohibición de la técnica de la fracturación hidráulica (fracking), e insta a los grupos parlamentarios a dar urgentemente nuevos pasos para acordar el fin del uso de todos los combustibles fósiles y la energía nuclear y alcanzar un escenario energético eficiente y 100% renovable en el 2050.

“Animamos a los grupos parlamentarios a aprobar urgentemente nuevas iniciativas instando al Gobierno a cerrar las centrales de carbón y las centrales nucleares, de forma progresiva pero urgente, antes de 2025”, ha manifestado Domingo Jiménez Beltrán, Presidente de la Fundación Renovables.

En coherencia con la iniciativa a favor de la prohibición del fracking en España aprobada, la Fundación Renovables insta al Congreso a acordar la prohibición de la importación de gas natural procedente del fracking, ya que las emisiones de metano lo hacen equivalente a apostar por el carbón y porque la política energética debe ser consecuente y solidariamente global.

La apuesta decidida, por un lado, por la sostenibilidad y por las energías renovables y, por otro, las muy negativas consecuencias medioambientales de las energías no renovables, convierte en un completo sin sentido el permitir nuevas prospecciones para extracción de combustibles fósiles así como la explotación de yacimientos, sean mediante procedimientos convencionales o por, las aún más peligrosas, nuevas tecnologías del fraccionamiento hidráulico y la perforación en el mar en aguas profundas.

Para la Fundación Renovables, el objetivo de la descarbonización de nuestro sistema energético es ineludible y su expresión más clara es el cierre urgente de las centrales de carbón y el abandono de la minería, para lo que debería concretarse en 2016 un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España que en todo caso se debería producir antes de 2025. El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo.

Con respecto al gas, la Fundación Renovables reitera su utilización exclusivamente en el periodo transitorio hacia un escenario 100% basado en energías renovables, con un cometido de favorecer la gestionabilidad del sistema en ese lapso de tiempo y nunca con la consideración de combustible directo. Todo ello sin desvirtuar el papel del gas “renovable” (de gasificación de biomasa o generado con electricidad de fuentes renovables, hidrogeno y gas de síntesis).

“Debido a que son la causa principal del calentamiento global del planeta y el cambio climático, amén de otros muchos problemas medioambientales como las mareas negras, la lluvia ácida, etc., debemos dejar de considerar a los combustibles fósiles como fuentes de energía y pasar a su prohibición progresiva pero absoluta”, ha afirmado Carlos Bravo, Gerente de la Fundación Renovables.

La propuesta energética de la Fundación Renovables plantea también el cierre programado de todas las centrales nucleares por considerarlas insostenibles y muy peligrosas y considera que este cierre debe producirse en el momento que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad y la última de las cuales expira en 2024.

La técnica de la fracturación hidráulica o fracking, por la que la industria del petróleo y el gas ha apostado agresivamente en los últimos años, consiste en romper la roca del subsuelo de esquisto y liberar el gas y el petróleo en ellas retenido. Pero el proceso implica la producción de enormes cantidades de aguas residuales, fuertemente cargadas de productos químicos tóxicos, de las que la industria se deshace mediante su inyección subterránea. Esto ha provocado el incremento de la sismicidad inducida en los terrenos donde se ha practicado el Fracking, un hecho innegable y reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El USGS publicó el pasado lunes por primera vez un mapa de riesgo sísmico que incluye la ocurrencia de terremotos tanto naturales como inducidos. Según el USGS unos 7 millones de personas de EE.UU. viven en lugares vulnerables a estos terremotos provocados por sismicidad inducida. La lista de lugares con mayor riesgo de terremotos artificiales incluye Oklahoma, Kansas, Texas, Arkansas, Colorado, Nuevo México, Ohio y Alabama. La mayoría de estos terremotos son relativamente pequeños, del orden de magnitud 3, pero algunos han sido más potentes, incluyendo un terremoto de magnitud 5.6 en 2011 en Oklahoma que estaba claramente vinculado a la inyección de aguas residuales por elfracking. En este Estado del centro-sur de EE.UU., por ejemplo, la tasa natural de terremotos es sólo de uno o dos al año, pero ha habido cientos de sismos desde que comenzó la fractura hidráulica y la perforación horizontal, con la inyección asociada de aguas residuales, y en la última década los terremotos han sido constantes.

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La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia que el Gobierno esté paralizando la generación renovable en España con su política energética mientras que nuestro país arrastra un histórico déficit energético. Efectivamente, según el informe de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, España importó en 2013 combustibles fósiles por valor de 57.162 M€. La cifra supera en 19.596 M€ lo que han costado todas las primas a las energías renovables desde 1998. Nuestro país exportó el año pasado productos energéticos por valor de 16.164 M€, lo que arrojó una balanza energética negativa de 40.997 M€.
Para APPA es inadmisible y va contra toda lógica que España mantenga una dependencia energética del 75% y el Gobierno haya puesto en una situación crítica al sector de las energías renovables, únicas tecnologías autóctonas y limpias con las que cuenta nuestro país para reducir esa dependencia. Mucho más, cuando ha quedado más que demostrado que cuanta más generación renovable entra en el sistema eléctrico más se reduce el precio de la electricidad y más ahorros consigue nuestro país en importaciones de combustibles fósiles.
Reforma eléctrica fallida
El Gobierno ha hecho suyo el discurso de las grandes eléctricas y ha errado en el diagnóstico al identificar primas a las energías renovables con déficit de tarifa. Sobre esta base, el Gobierno ha enfocado su pretendida reforma eléctrica en cerrar cualquier posibilidad de desarrollo futuro de las energías renovables y sacarlas del sistema eléctrico, política que viene a confirmar la última normativa del sector aprobada, así como la que se encuentra en tramitación.
APPA denuncia que la nueva normativa contempla medidas retroactivas y fuertes reducciones en la retribución de las energías renovables, mientras prevé incrementar o mantener invariables la gran mayoría del resto de costes regulados. “Esto es algo incomprensible en un escenario de contracción de la demanda, en el que se ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico, que tiene como pilar fundamental la sostenibilidad económica del sistema”, ha manifestado el presidente de la Asociación, José Miguel Villarig.
APPA denuncia una vez más que el Gobierno sigue sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la CNE y que mantiene privilegios de las grandes eléctricas como los llamados servicios de ajuste, cuyo coste se incrementó un 20% en 2013 y que en lo que va de año se han disparado sin ningún sentido, cuando hay menos energía en el sistema. Sólo en 2013, el coste de estos servicios cobrados en su mayoría por las grandes eléctricas ascendió a 1.247 millones de euros.
Renovables, las grandes damnificadas por la Reforma.
La política del Gobierno perpetúa el oligopolio eléctrico por el que las cinco empresas integradas en Unesa tienen un dominio aplastante sobre el mercado eléctrico, que impide cualquier atisbo de competencia. La legislación que emana del Ministerio de Industria parece tener como finalidad salvaguardar los beneficios astronómicos de las eléctricas españolas, muchísimo más altos que los de sus homónimas europeas.
Por el contrario, el Ministerio de Industria en su política anti-renovable parece no tener en cuenta que las empresas de renovables son también empresas, más españolas que las eléctricas de Unesa, y que la industria renovable es también industria. No parecen importarle ni al Ministerio ni al Gobierno las consecuencias de su política sobre un sector que entre 2008 y 2012 ha perdido cerca de 25.000 empleos. Ni la pérdida de liderazgo mundial de las compañías renovables españolas, que se están viendo abocadas a la deslocalización, todas ellas están sufriendo grandes pérdidas en sus balances que ponen en grave riesgo su futuro y muchas de ellas no podrán sobrevivir a los tremendos ajustes que conlleva la reforma.
Tampoco parece importarle al gobierno la situación en que quedan muchos particulares, familias enteras en ocasiones, que invirtieron sus ahorros confiando en la seguridad jurídica de la que había hecho gala España hasta que las sucesivas reformas se abatieron sobre las renovables.
El recibo eléctrico como cajón de sastre
Mientras el Gobierno carga sobre las energías renovables la mayor parte de su reforma, mantiene dentro del recibo de la electricidad partidas que nada tienen que ver con la generación de electricidad. Es el caso del servicio de interrumpibilidad, que el Ministerio pretende enmascarar incluyéndolo en la parte del recibo que viene del mercado y que, en opinión de APPA, es innecesario mantener en las condiciones actuales de cobertura de la demanda.
Es también lo que ya viene sucediendo con los llamados pagos por capacidad, que reciben las centrales de ciclos combinados de gas, igualmente injustificados en su cuantía actual al haber en el sistema eléctrico un gran exceso de capacidad. Las centrales de gas, sin generar, reciben unas subvenciones fijas equivalentes al 40% de su inversión, que están integradas en los llamados costes de energía o de generación… cuando no generan nada.
El Ministerio mantiene también en el recibo otros costes que nada tienen que ver con la generación de energía como los costes extrapeninsulares, cifrados en más de 1.800 millones de euros, que tienen que ver con políticas de vertebración del territorio. Mientras, paradójicamente, el Gobierno sigue sin fomentar en esos territorios el desarrollo de las energías renovables, cuyos costes de generación son muy inferiores a los de la generación fósil.
Privilegios al transporte, distribución, REE y OMIE
El resto de actividades reguladas también mantiene o incrementa en bastantes casos su retribución. Así, la última Orden de Peajes, aprobada el 31 de enero, estableció una retribución total para la actividad de transporte de energía eléctrica (coste de la actividad más el incentivo de calidad) para el año 2014 de 1.674 millones de euros, siendo 70 millones de euros superior a lo previsto para el cierre del año 2013, así como un incremento en la retribución total para la actividad de distribución (coste de la actividad más el incentivo de pérdidas y calidad) para el año 2014 hasta alcanzar los 4.986 millones de euros.
Resulta realmente escandaloso que en un escenario de contracción de la demanda e inexistente instalación de nueva capacidad ordinaria o renovable, se incremente la retribución de estas actividades. Igualmente, resulta incomprensible el aumento en un 30% de la retribución al Operador del Sistema (REE) y en un 8% la del Operador del Mercado (OMIE).
En todo caso, lejos del compendio de cifras que resulte de la aplicación de la nueva normativa, aprobada o por aprobar, la gran enfermedad de la economía española – su fuerte dependencia energética del exterior – no sólo no va a mejorar sino que se va a agravar, toda vez que el Gobierno se obstina en acabar con las energías renovables mientras simultáneamente se aplica en mantener los privilegios del oligopolio de las grandes eléctricas.

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