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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

El informe de la Comisión de Expertos recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

 

La Comisión de Expertos estará formada por 14 miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). El grupo de expertos tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.

Esta iniciativa se une a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno para la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Las propuestas de la Comisión de Expertos serán igualmente presentadas a este Grupo de Trabajo Interministerial para informar la labor de los ministerios en esta materia.

En la reunión celebrada hoy en Roma —organizada por los ministros italianos Paolo Gentiloni, de Asuntos Exteriores, y Carlo Calenda, de Desarrollo Económico—, los ministros responsables de asuntos energéticos de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) han acordado intensificar la cooperación energética regional para ofrecer un suministro de energía seguro, asequible y sostenible; un factor fundamental para la estabilidad y la prosperidad conjunta de la región mediterránea.

En la reunión —copresidida por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y el ministro jordano de Energía y Recursos Minerales, Ibrahim Saif— los ministros han acordado que el diálogo sobre políticas y las iniciativas concretas que deben emprenderse se llevarán a cabo mediante las tres plataformas energéticas de la UpM que cubren las áreas políticas prioritarias: la plataforma de mercado regional de la electricidad de la UpM (plataforma MRE de la UpM), la plataforma de energías renovables y eficiencia energética de la UpM (plataforma EREE de la UpM) y la plataforma de gas de la UpM.

 

Las plataformas energéticas de la UpM son estructuras eficaces y flexibles que, bajo la coordinación de la Copresidencia de la UpM, organizan y apoyan el diálogo sistemático entre los Estados miembros, instituciones financieras, organizaciones regionales, empresas industriales y expertos.

De acuerdo con el comisario Arias Cañete, “la cooperación en el sector energético ocupa un lugar destacado para el Partenariado Euromediterráneo. Ofrecer un suministro energético competitivo, sostenible y seguro es una prioridad que Europa comparte con sus socios del norte de África y Oriente Medio, y es fundamental para afianzar la estabilidad y la prosperidad de la región. Para lograr estos objetivos, se requieren inversiones en energía a gran escala en todo el Mediterráneo. La principal fuente de financiación deberá proceder de inversores privados. Por consiguiente, necesitamos marcos normativos sólidos para atraer este capital privado que tanto necesitamos”.

El ministro Saif ha declarado que “la seguridad energética es una de las principales preocupaciones y desafíos comunes que asolan nuestra región Mediterránea, agregando más restricciones al desarrollo económico y social. Los ministros y actores de la reunión de hoy dan testimonio de que sólo mediante la cooperación estratégica se puede lograr la seguridad energética. La cooperación técnica en el marco de estas tres plataformas permitirá identificar las líneas estratégicas generales. No obstante los obstáculos que persisten deben ser estratégicamente abordados. Las reformas regulatorias pueden aportar parte de la solución, pero hace falta abordar también el declive de las inversiones directas extranjeras y la falta de esquemas de financiación nacionales para proyectos de infraestructuras, que es el otro lado de la moneda”.

Según el Secretario General de la UpM, Fathallah Sijilmassi, “la reunión de hoy pone de manifiesto la voluntad común de los 43 Estados miembros para trabajar de forma conjunta en las áreas de energía y acción por el clima. Las tres plataformas deben establecer el marco regional para el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y para una integración más coherente y clara de los mercados de electricidad y gas en el Mediterráneo. Estas iniciativas ilustran los esfuerzos de la UpM por conseguir una cooperación regional más profunda y una integración económica basados en una metodología específica que traduce nuestro mandato político en proyectos concretos a través del diálogo regional entre múltiples actores”.

La plataforma de gas de la UpM pretende asentar un diálogo regional estructurado que permita el desarrollo gradual de un mercado de gas euromediterráneo para fomentar la seguridad, la transparencia y la previsión tanto de la demanda como del suministro, de modo que permita equilibrar, de forma justa y correcta, el interés de los países productores y consumidores y que proporcione una base para el desarrollo seguro a largo plazo de los abundantes recursos de la región.

La plataforma de mercado regional de la electricidad de la UpM tiene como objetivo la integración progresiva de los sistemas de energía y los mercados energéticos en la región en la que opera la UpM. Concretamente, pretende impulsar los intercambios de electricidad y las interconexiones para lograr un suministro eléctrico sostenible, asequible y seguro en beneficio de los ciudadanos y de las economías de la región euromediterránea.

La plataforma de energías renovables y eficiencia energética de la UpM tiene como finalidad impulsar la implantación progresiva de energías renovables y medidas de eficiencia energética para fomentar el desarrollo socioeconómico, contribuir a garantizar que todos los ciudadanos y negocios de la región tengan acceso a servicios energéticos modernos seguros, asequibles y fiables, y apoyar la mitigación del cambio climático y la adaptación a este en la región euromediterránea.

El acuerdo de los ministros, ya en vigor, establece las plataformas energéticas de la UpM como marco para un diálogo político estructurado con vistas a identificar colaboraciones concretas y realizar el seguimiento de su implementación. En su calidad de plataformas energéticas, éstas desempeñarán un papel crucial en el avance de la cooperación energética en toda la región del Mediterráneo.

Impactos de la carga de los vehículos eléctricos según norma ISO 2015 (GWh y%) / EV Load Impacts by ISO, 2015 (GWh and %)

La electrificación de los vehículos de pasajeros tiene cada vez más importancia en las conversaciones sobre descarbonización en la política energética y los negocios. Antes de 2010, la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) estimó un total de 57.000 vehículos eléctricos en uso. Entre 2010 y 2015, las ventas de vehículos eléctricos las 400.000 unidades con un valor de 15.000 M$.

Con una gama más amplia de opciones de mercado y una infraestructura cada vez mayor, se prevé que el mercado de vehículos eléctricos de pasajeros llegue a tener 11,4 millones de vehículos eléctricos en la carretera, con ventas acumuladas de 12 millones de vehículos eléctricos y un valor de más de 400.000 M$ en 2025, según señala uno de los últimos informes de GTM Research.

 

Hasta la fecha alrededor de 3 M$ de incentivos federales han apoyado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Muchos estados también han ofrecido sus propios incentivos. Por otra parte, la adopción del vehículo eléctrico se apoya en la economía del consumidor y en un sentimiento creciente de que los vehículos eléctricos pueden apoyar la descarbonización. “Un análisis del precio y coste energético de vehículos convencionales, híbridos y eléctricos pone de manifiesto que el vehículo eléctrico tiene el coste de ciclo de vida más bajo, incluso en un entorno de bajos precios del petróleo,” dice Timotej Gavrilovic, consultor de GTM Research y autor del informe.

Sin embargo, todavía quedan pendientes preguntas respecto al impacto en la red de su implantación, y cómo, a su vez, esto afectará a la confianza de los consumidores. “El impacto de los vehículos eléctricos en la red eléctrica, que se estima en 1,4 TWh en 2015, depende de la rapidez con que los consumidores y la infraestructura de servicios públicos puedan adaptarse a este mercado en crecimiento“, explica Gavrilovic. La política, los incentivos y la penetración de las energías renovables presentan diferencias en distintas áreas geográficas de Estados Unidos y en sus respectivas operaciones de la red. Gavrilovic añade que, “California y Hawai se encuentran entre las primeras áreas que enfrentan la mayoría de los problemas derivados de la penetración de las renovables y el vehículo eléctrico. Estos desafíos les llevan a aumentar sus esfuerzos para innovar en la gestión de la demanda. Los vehículos eléctricos son sólo una de las muchas soluciones tecnológicas posibles en la caja de herramientas de la gestión de la demanda que pueden apoyar los objetivos generales de renovables y de descarbonización.”

Este crecimiento del mercado tendrá un impacto significativo en las infraestructuras de red existentes y previstas, y requerirá la acción de los reguladores, planificadores y gestores. Esto crea oportunidades para que los agentes del mercado existentes y nuevos proporcionen soluciones integradas para el conductor del vehículo eléctrico, los servicios eléctricos, el mercado de energía al por mayor y los integradores. En el reciente informe de GTM Research, “El Impacto de los Vehículos Eléctricos en la Red: Captación de Clientes, Carga sobre la Red y Perspectivas”, se discuten y analizan estas complejidades, para proporcionar en última instancia, una perspectiva sobre cómo se desarrollará la captación de clientes y la carga sobre la red. El informe proporciona un conjunto de herramientas de análisis para la disección de los factores que afectarán el mercado de vehículos eléctricos a través de una serie de ejercicios de análisis de datos y elaboración de modelos, para proporcionar una comprensión global de la carga que imponen los vehículos eléctricos y la demanda tanto en territorios específicos ISO / RTO y a lo largo de todo EE.UU.

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España celebró en Santiago de Compostela su XIV edición de su Reunión Anual con Directores Generales de Industria, Energía y Minas de las Comunidades Autónomas y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las conclusiones de este foro sobre problemática de actividad energética y minera han sido las siguientes:

  1. Se constata el buen momento de los proyectos energéticos y mineros, con el incremento de la actividad en las Comunidades Autónomas.
  2. No existe la megaminería, entendiendo como tal una actividad minera dañina. La minería actual es una actividad, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el territorio dónde se desarrolla.
  3. Se recomienda actualizar los avales y garantías de las explotaciones mineras.
  4. Es necesario revisar de forma ordenada la actual legislación minera, con atención especial a la coordinación entre las Administraciones Autonómicas y la Estatal. La competencia minera tiene un carácter sustantivo y resulta obligada su compatibilidad con otras competencias como pueden ser las urbanísticas o las medioambientales.
  5. La minería es una actividad declarada “de utilidad pública y de interés social” y no debe estar relegada a un segundo lugar respecto a actividades de tipo privado, como puede ser la agricultura.
  6. La Unión Europea apuesta por la minería en Europa y ha declarado que el 70% de su industria depende de las materias primas de origen mineral para su subsistencia.
  7. Se detecta la necesidad de personal técnico en las distintas administraciones en las secciones de energía y minas para ser más eficaz.
  8. Se considera necesario aclarar las atribuciones profesionales de los técnicos titulados, como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Bolonia. En el caso de los graduados, sólo tienen atribuciones en su especialidad, mientras que los Máster Ingeniero de Minas las tienen en todas las especialidades.
  9. Todos los asistentes consideran necesaria una campaña para mejorar la imagen de la industria y la minería sostenible.
  10. El Estado y las Comunidades Autónomas se coordinarán al objeto de tener una posición común ante la Comisión Europea.Decano-Consejo-Colegios-y-Minetur

En la reunión actuó como anfitrión Ángel Bernardo Tahoces, director general de Energía y Minas de la Xunta, junto al subdirector general de Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Daniel Torrejón Braojos. Participaron los directores generales responsables de Andalucía, María José Asensio Coto; Aragón, Alfonso Gómez Gámez; Asturias, Isaac Pola Alonso; Cantabria, Raúl Pelayo Pardo;  Castilla y León, Ricardo González Mantero; Extremadura, Olga García García, y País Vasco, Aitor Patxi Oregui Baztarrika. Además, en representación de Canarias asisitió el jefe de servicio de Minas, Ángel Morales González-Moro; por Cataluña, el subdirector general, Eduard Vall Roselló; por Murcia, Rafael Sánchez Medrano, jefe del servicio, y por Valencia, el subdirector general, José Miguel Corte López.

El decano-presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, Adolfo Rodríguez González, fue el encargado de clausurar el foro junto a Flor Díaz Pulido, jefa de la Unidad de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea.

Ante el desplome en la instalación de potencia renovable en estos últimos 4 años, con la imposición de una moratoria establecida al efecto y el caótico conjunto de normativa aprobada posteriormente (la denominada “Reforma Energética”) por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Fundación Renovables califica de gran fracaso la última legislatura desde el punto de vista de la sostenibilidad energética.

Ejemplo de este fracaso y del consiguiente atraso provocado por la política energética del Gobierno Rajoy, es el hecho de que el año 2015 ha cerrado con la instalación de tan sólo 2 MW de potencia renovable (y únicamente 25 MW en 2014). En concreto, para la energía eólica, 2015 termina sin que se haya instalado un solo megavatio, lo que tristemente nos remonta a la década de los 80, cuando una incipiente tecnología eólica, lejos del grado de madurez ya conseguido (actualmente hay 22.988 MW instalados), empezaba su desarrollo. Desde el año 2000, en esta última legislatura es en la que menos potencia eólica se ha instalado (sólo 1.932 MW).

Sin embargo, la Fundación considera que hay margen para el optimismo, siendo posible recuperar el atraso sufrido en los últimos años, si, en la nueva etapa política que comienza, se aplican de forma decidida las adecuadas políticas energéticas. Una nueva política encaminada a cambiar el actual modelo energético y avanzar hacia un modelo sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía.

En ese sentido, la Fundación Renovables critica el modelo de subastas de potencia renovable que ha puesto en marcha el MINETUR, como la realizada el pasado 14 de enero, para adjudicar 500 MW de energía eólica y otros 200 MW de biomasa en el Sistema Eléctrico peninsular, y con la que supuestamente concluiría la moratoria renovable impuesta desde 2012. Para la Fundación este sistema de subastas, además de ser insuficiente, es discriminatorio y aleja cada vez más a España del modelo de democratización de la energía al que debemos aspirar.

“Pese a la falsa euforia del MINETUR tras la reciente subasta de potencia eléctrica celebrada el pasado 14 de enero, lo cierto es que el resultado de esta energéticamente fracasada legislatura es que España tiene cada vez más difícil el cumplimiento de los objetivos vinculantes de la Unión Europea a 2020 relativos al porcentaje de energía consumida de origen renovable”, ha manifestado Fernando Ferrando, Vicepresidente de la Fundación Renovables.

Este sistema de subastas, que se celebrarán dentro del nuevo marco jurídico establecido por la Ley 24/2013, es erróneo, pues perpetúa la consideración financiera de las renovables y no sigue los criterios que se han establecido en otros países. Este sistema considera como único factor relevante el precio del pool, discriminando de esta manera a instalaciones de menor tamaño más cercanas al consumidor que no requieren de grandes y costosas infraestructuras de evacuación eléctrica con sus elevadas pérdidas y costes de transformación, los cuales, sin embargo, no se ven reflejados en la imputación de estas instalaciones al quedar diluidos en los costes generales del sistema que asumen los consumidores.

“La reciente subasta no solo ha sido un fracaso estrepitoso, sino que no existe certeza de si lo adjudicado se va realmente a ejecutar. La subasta está mal concebida pues se centra en la inversión y no en la energía, no se concreta en emplazamientos reales y, además, no hay compromiso de ejecución”, ha añadido Ferrando.

De igual manera, dicha subasta ha dejado fuera a la energía fotovoltaica, una de las principales tecnologías que se están implantando a nivel mundial y que, como el propio documento de planificación energética 2015-20 recientemente aprobado por el Gobierno reconoce, es una de las tecnologías más competitivas y técnicamente más eficiente, siendo imprescindible para que alcancemos, como mínimo, el objetivo obligatorio del 20% de renovables en el 2020.

El único aspecto positivo de la subasta es que su resultado demuestra que es posible obtener energía renovable sin ningún tipo de ayuda económica, algo que no puede hacer ninguna de las tecnologías sucias (carbón, gas, nuclear).

La Fundación Renovables plantea un cambio radical de la normativa del sector eléctrico. No obstante, si se usase la subasta como sistema, debe acotarse mucho por tecnologías y tamaños, para evitar la concentración. La remuneración debe ir por energía efectivamente introducida en la red y no por potencia instalada.

Las principales actuaciones adoptadas por el Gobierno en el ámbito renovable en los últimos tres meses ponen de manifiesto, una vez más, la constante contradicción en la que hemos estado sumidos a lo largo de la pasada legislatura. Esperamos, por tanto, con optimismo una política renovable estable y coherente a lo largo de la próxima legislatura.

Elecnor, a través de su filial Celeo Redes, ha finalizado con éxito el primer circuito de la nueva línea de transmisión eléctrica Ancoa-Alto Jahuel de 2×500 kV, por valor de 220 millones de euros (250 millones de dólares) y una capacidad de transmisión de 1.500 MVA.

Esta primera fase del proyecto fue inaugurado ayer en Chile con presencia de las máximas autoridades del país, entre las que destaca la Presidenta, Michelle Bachelet, y el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, lo que subraya la relevancia del proyecto dentro de la política energética nacional.

La línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel, construida por Elecnor, está siendo desarrollada a través de Celeo Redes, sociedad en la que también participa la holandesa APG. El proyecto fue adjudicado en el año 2009 mediante licitación pública internacional, y en aquel entonces suponía la mayor línea de transmisión troncal licitada hasta la fecha.

La línea tiene una longitud de 255 km y conecta la subestación de Ancoa (en el municipio de Colbún) y la subestación de Alto Jahuel (en el municipio de Buin), atravesando tres regiones y 18 municipios. Durante la fase de construcción se han creado 1.000 empleos directos y, en la actualidad, en la fase de operación, se han creado otros 50 empleos directos de carácter indefinido y de perfil altamente cualificado.

En 2016 está prevista la entrada en operación del segundo circuito de la línea. Una vez finalizado todo el proyecto, la nueva línea de transmisión reforzará la eficiencia, seguridad y flexibilidad energética del país y dotará al Sistema Interconectado Central de una capacidad adicional de 3.000 MVA, equivalente al 40% de su demanda máxima.

En la reunión del G7 celebrada este mes en Hamburgo, los Ministros de Energía coincidieron en apostar por la eficiencia energética como clave de una futura política energética. En ello están de acuerdo las empresas, los gobiernos y las instituciones de todo tipo como partidos políticos y organizaciones empresariales de una gran mayoría de países. En el documento de resolución, el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, recalcaba su felicitación por los compromisos alcanzados “nos comprometemos a usar el enorme potencial no utilizado para aumentar la eficiencia energética”.

En España, por ejemplo, en un reciente foro de La Vanguardia “Diálogos de Futuro KPMG/Banco Sabadell: Eficiencia energética”, se ponía el dedo en la llaga: “deberíamos tener una política energética clara que contemple la eficiencia como elemento fundamental”. Y es que en nuestro país centenares de empresas -desde industrias a hoteles, pasando por multitud de actividades de servicios- tienen ante sí decisiones para acometer proyectos rentables en materia de eficiencia energética y no se deciden a ello. Las razones están muy claras: faltan las señales adecuadas, falta transmitir confianza a los decisores empresariales y que los verdaderos actores para relanzar la actividad sean las empresas y los ciudadanos.

En primer lugar hay que aportar certidumbre y buena praxis regulatoria al marco de eficiencia en España. Esto se traduce en trasponer la Directiva de Eficiencia Energética –que incluye el marco europeo de cogeneración- y superar con convicción las trasnochadas posiciones de España -y Portugal- que votaron en contra de su aprobación en el Consejo Europeo de octubre de 2012. Ello debería ser una prioridad de la política energética. Leer mas…

Javier Rodríguez,
Director General de ACOGEN

Artículo publicado en: FuturENERGY Mayo 2015

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Gamesa, líder tecnológico global en la industria eólica, ha inaugurado su primera oficina comercial en Sri Lanka. La oficina, ubicada en la localidad de Katunayaka (oeste de la isla, cerca de la ciudad de Colombo), no solo atenderá las necesidades comerciales de los clientes, sino que también se dedicará a la ejecución de proyectos y al mantenimiento de los aerogeneradores instaladas en el país, permitiendo a la compañía reforzar su posición en este mercado eólico.

Gamesa, que cuenta con una capacidad instalada de 45,3 MW en Sri Lanka, es el primer fabricante del país, con una cuota de mercado cercana al 40%. La entrada temprana en la isla hace cinco años, con la instalación del primer parque eólico desarrollado por un promotor privado, y la oferta de productos adaptados a las necesidades de los clientes han consolidado este liderazgo.

Sri Lanka, con una población de 20 millones de personas, prevé aumentar su capacidad eólica instalada hasta los 200 MW para 2017, impulsada por una política energética de apoyo a las renovables con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles de su mix energético y atender las crecientes necesidades energéticas.

En México los recursos naturales juegan un papel preponderante para la política energética, debido a que permiten generar electricidad, diversificar la matriz energética y contribuir a la seguridad energética de una manera sustentable.

En agosto de 2014, se publicaron las leyes secundarias de la reforma energética, las cuales consideraron la creación y modificación de 21 leyes. Para el sector eléctrico, destacan cuatro elementos que impulsarán a las energías limpias.

Primero, la nueva Ley de la Industria Eléctrica, establece la obligación de crear un mercado mayorista de electricidad, con el propósito de que haya competencia en la generación para asegurar que las tarifas eléctricas sean más competitivas, en beneficio de los consumidores. Segundo, la obligación de tener un porcentaje mínimo de energías limpias, a través de los denominados Certificados de Energías Limpias, con lo cual se asegura que el portafolio de generación en el país alcanzará el objetivo establecido para el 2024, “35% de la generación deberá ser no fósil”. Tercero, para asegurar la correcta operación del mercado y el cumplimiento del portafolio de generación limpia, la reforma energética también determinó la creación de un operador del sistema independiente. Finalmente, para impulsar un recurso del cual México tiene una dotación extraordinaria, se diseñó una ley específica para la promoción y aprovechamiento de la energía geotérmica.

Leonardo Beltrán Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (SENER)

Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2015

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La élite científica mundial en temas de energía, medio ambiente y economía se reunirá los próximos 25 y 26 de junio en la isla de A Toxa (Pontevedra) en la que ya se ha convertido en cita de referencia a nivel internacional en este ámbito. Los expertos de 11 países de todo el mundo que participarán en el congreso presentarán los resultados más relevantes de sus últimas investigaciones, en este caso centradas en el campo de la eficiencia energética, con la perspectiva de que, como ya viene siendo habitual, los decisores las tomen como base en el diseño de las políticas energéticas del futuro.
El Workshop Atlántico sobre Economía Energética y Ambiental, organizado por el centro de investigación español Economics for Energy y el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW, con sede en Alemania), es un evento bienal que llega a su sexta edición consolidado como referente a nivel mundial. Durante el congreso, se presentará la primera plataforma europea de investigación en el ámbito de la economía de la eficiencia energética, promovida por estos dos centros de investigación más el Instituto Federal de Tecnología de Zürich (ETH Zürich, en Suiza) y la Fundación Eni Enrico Mattei (FEEM), en Italia.


La eficiencia energética está considerado uno de los instrumentos más importantes y urgentes para reducir la contaminación, mitigar el cambio climático, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y conseguir ahorros muy significativos en la factura energética de familias y empresas. Por todos estos motivos, la comunidad científica ha intensificado su actividad investigadora en este campo para ofrecer a los decisores políticos el conocimiento y las recomendaciones necesarias para promover medidas realmente incentivadoras.
La coordinación de la organización del congreso corresponde un año más al investigador Xavier Labandeira, director de Economics for Energy y que en septiembre asumirá la dirección de la Unidad de Investigación sobre Política Climática (CPRU) del European University Institute, uno de los centros de referencia para la Comisión Europea en esta materia.
En este congreso se expondrán las últimas investigaciones más relevantes a nivel mundial en este ámbito y, como ha ocurrido a raíz de las anteriores ediciones, darán lugar a publicaciones en revistas científicas de prestigio, además de ser seguidas con interés por las administraciones e instituciones con competencias en la regulación de las políticas de eficiencia energética, renovables y cambio climático.
Investigadores de primer nivel
Las ponencias científicas estarán a cargo de los mayores expertos a nivel internacional en la materia, llegados de Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Portugal, Australia, Japón, Estados Unidos, Chile, además de España.
Los ponentes principales serán Richard Schmalensee y Massimo Filippini. El primero, que abordará el futuro de la energía solar, es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde ha dirigido su Centro de Investigación de Políticas Energéticas y Medioambientales, y ex miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos. Por su parte, Filippini es director del Centro de Política y Economía de la Energía del Instituto Federal de Tecnología de Zürich (ETH Zürich, considerado el MIT europeo) y miembro del Centro de Investigación Económica dependiente del mismo organismo. Su intervención versará sobre la eficiencia energética en el sector residencial.
En total, durante el congreso se realizarán 45 ponencias, entre sesiones plenarias y paralelas, a las que se sumará una mesa redonda sobre las fronteras de la economía de la eficiencia energética en la que debatirán expertos procedentes de centros europeos, estadounidenses y japoneses para obtener una perspectiva mundial.

SEDICAL
COMEVAL