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La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia que la resolución del déficit de tarifa se haya hecho en gran medida con cargo a la remuneración de las energías renovables, lo que las ha convertido en las grandes damnificadas de la reforma eléctrica puesta en marcha por el Gobierno. Mientras, otros costes del sistema no solo no han visto mermados sus ingresos sino que incluso los han incrementado. 

La previsión de superávit de tarifa para el ejercicio 2015 se ha estimado en unos 1.000 millones de euros, que vienen a sumarse a los más de 550 millones registrados en 2014, con lo que se puede dar por resuelto el desequilibrio de ingresos y gastos que ha venido dando lugar al déficit de tarifa. En esos dos años los recortes a las energías renovables han sido de más de 4.500 millones de euros, lo que supone una reducción en torno al 30% sobre la remuneración prevista. Para APPA, los recortes a las renovables han sido desproporcionados, máxime si se comparan con los aplicados a otras partidas del sistema eléctrico.

Efectivamente, en 2014, según datos de la CNMC, la remuneración de otros costes del sistema eléctrico apenas se vieron afectados por la reforma eléctrica realizada por el Gobierno. Es el caso de la Distribución y el Transporte, que fueron retribuidos con 4.986 millones de euros y 1.673 millones, respectivamente, cifras ambas en línea con lo que venían percibiendo antes de la citada reforma. En 2015, las retribuciones estuvieron en la misma línea, 4.931 millones para la Distribución y 1.690 millones para el Transporte. Ahora, el Gobierno en funciones en sus propuestas de órdenes ministeriales para establecer las retribuciones reguladas del Transporte y la Distribución aprovecha la existencia de superávit y plantea una subida de la Distribución del 3,7% hasta llegar a los 5.114 millones de euros y de un 0,89% para el Transporte hasta alcanzar los 1.705 millones de euros. Ello, a pesar de que en los últimos años ha disminuido la demanda eléctrica y obviando, una vez más, cualquier posible restitución de los derechos cercenados a las renovables.

Para paliar la situación crítica que viven las empresas de renovables, APPA plantea una serie de medidas que de alguna manera compensen el esfuerzo exagerado que tienen que soportar con relación a otros costes del sistema. La Asociación propone que se mantenga durante toda la vida útil de la instalación el valor fijado para la rentabilidad razonable, que se elimine la fiscalidad pseudoambiental que soportan las renovables, particularmente el impuesto a la producción eléctrica, y que se compense a las renovables por su efecto depresor en el mercado eléctrico.

Además, APPA reclama que se fijen instrumentos alternativos para la financiación de los desajustes y que se trasladen a los PGE los costes que no tienen nada que ver con la generación eléctrica. Asimismo, la Asociación considera imprescindible poner en valor los efectos positivos de las energías renovables mediante el establecimiento de mecanismos que graven a las energías contaminantes por sus externalidades negativas, bajo el principio de “el que contamina paga”.

La reforma eléctrica ha supuesto en 2014 un recorte en la retribución a las energías renovables de 2.261 M€, que viene a sumarse al impacto que estas tecnologías han tenido que soportar por medidas anteriores. El ministro de Industria, José Manuel Soria, había anunciado que los recortes para todas las tecnologías del Régimen Especial estarían en torno a unos 1.350 M€.

Las previsiones del Ministerio de Industria cifraban que las tecnologías renovables del antiguo Régimen Especial deberían haber recibido 7.500 M€ en primas el pasado año y finalmente han recibido 5.239 M€. Esta cifra, recogida en la liquidación número 13 del año 2014 realizada por la CNMC, supone una reducción media de su retribución en torno al 30%.

Los datos de la citada liquidación de la CNMC, corroboran, asimismo, que otros costes del sistema eléctrico apenas se han visto afectados por la reforma eléctrica realizada por el Gobierno. Es el caso de la Distribución y el Transporte, que han sido retribuidos con 4.986 M€ y 1.673 M€, respectivamente, cifras ambas en línea con lo que venían percibiendo antes de la citada reforma. Ello, a pesar de que en los últimos años ha disminuido la demanda eléctrica.

Los datos indicados demuestran que las energías renovables han sido las grandes damnificadas por la reforma eléctrica realizada por el Gobierno y han tenido y tienen que soportar tremendos ajustes, mientras que otras partidas del sistema apenas han notado los recortes, algo que hemos venido denunciando desde la puesta en marcha de la misma”, ha manifestado José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA.

APPA denuncia también que el Gobierno dé por cerrada la reforma, cuando sigue sin acometer cambios trascendentales para el sector eléctrico. Uno de ellos sería no cargar en el recibo de la electricidad aquellas partidas que nada tienen que ver con el coste del suministro, entre las que están los sobrecostes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, las políticas sociales y las subvenciones a la gran industria.

SEGURIDAD JURÍDICA PARA LAS RENOVABLES

Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático ya que no se ha escuchado a ninguna de las partes afectadas por decisiones que incumben a millones de consumidores, productores de energía, sectores industriales y a la sociedad en general. La seguridad jurídica y la calidad del medio ambiente son principios de nuestra Constitución y del derecho europeo que obligan a todos los poderes públicos.

El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables. Si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.

El Ministro de Industria, desde el pasado mes de julio, ha cambiado cuatro veces de opinión sobre el déficit de la tarifa eléctrica para 2013. En dos ocasiones ha afirmado que no habría déficit y en otras dos que sí habría. Finalmente, el Gobierno incumplió su palabra y no aportó los 3.600 M€ de los Presupuestos Generales del Estado para la reforma eléctrica, con lo que enmendó su propia reforma provocando un déficit de tarifa para 2013 que, si nada lo remedia, se cargará a los consumidores. Paralelamente, sin haber aprobado todavía el decreto de renovables que presentaron en julio, sacaron una nueva versión en noviembre.

Artículo publicado en: FuturENERGY Mayo 2014

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La reforma eléctrica es un caos por la inexistencia de una estrategia energética a medio y largo plazo que ha provocado que la inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio sea el método que determina la modificación de las normas sin un horizonte claro. Esta es la principal conclusión del Informe IPM “Seguridad Jurídica en Renovables”, elaborado por IMEDIA y del que son coautores Javier García Breva y José Antonio Martín Pallín, que se ha presentado en rueda de prensa.
Según los datos aportados por Javier García Breva, experto en políticas energéticas y Presidente de N2E, la reforma ha confundido la sostenibilidad económica del sistema eléctrico con la sostenibilidad de los ingresos del sector eléctrico y mientras no se distingan ambos conceptos no se conseguirá el control de los precios de la energía ni del déficit de tarifa.
La volatilidad del precio mayorista de la energía ha provocado que los consumidores estén pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz por encima del precio de mercado que les impide además beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la mayor producción renovable. La reforma eléctrica debería de partir de este hecho objetivo para conseguir unos precios más baratos de la energía. Las medidas que se están tomando no van a proteger al consumidor de la volatilidad del mercado mayorista.
Mientras la evolución de los precios del mercado mayorista de diciembre de 2013 a febrero 2014 ha bajado un 58% por la mayor producción renovable, el precio intervenido por el Ministerio de Industria es un 47% superior al precio de mercado. Este hecho significa que el consumidor está pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz.
La paralización de la producción renovable va a ser el efecto de la Orden que establece los nuevos parámetros retributivos, y la nueva metodología para facturar el recibo de la luz va a suponer una barrera a la libre competencia, al impedir el desarrollo de la generación distribuida y del acceso de los consumidores finales a la eficiencia energética. En las últimas semanas se está comprobando los efectos devastadores que estas medidas están teniendo en numerosos sectores de la economía nacional.
“Por el impacto que puede tener en la actividad económica y en el empleo, la reforma debería rectificarse inmediatamente y abrir un debate sobre la elaboración de una hoja de ruta energética de España para 2030 con el último objetivo de dar seguridad a las inversiones y de garantizar la recuperación económica de todos los sectores consumidores de energía” afirma Javier García Breva, presidente de N2E.
La energía es más que un producto de mercado según José Antonio Martín Pallín
“La energía es más que un producto de mercado, es un bien básico, estratégico, y un sector que afecta a la protección social de las familias y a los derechos de la persona. Son derechos protegidos por la Constitución española y que a su vez deben ser protegidos del abuso de posición dominante del sector eléctrico”. Son las declaraciones de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, abogado en ejercicio de Life Abogados y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra en la rueda de prensa de la presentación del nuevo Informe IPM de IMEDIA.
Para Martín Pallín, el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta estos principios constitucionales y habría que intentar modificar la jurisprudencia del TS entendiendo que cuando se cercena la seguridad jurídica o se frustran expectativas reconocidas por la ley, se deben aplicar compensaciones e incluso el Estado legislador debe responder de sus errores, como se ha demostrado recientemente en la sentencia de Tribunal Europeo de Justicia sobre el céntimo sanitario.
“El origen del caos de la reforma eléctrica no son las renovables. Antes al contrario, el potencial a futuro de las renovables no se puede marginar ni excluir del modelo energético, ya que supondría un suicidio energético y medioambiental”, concluye.

El caótico recorrido de la reforma eléctrica ha hecho que se pase por alto la gravedad de la eliminación del ahorro energético como uno de los pilares de la política energética en una economía, como la de España, con la mayor dependencia e intensidad energéticas de la UE. La aprobación de los nuevos peajes en el recibo de la luz y al autoconsumo supone una penalización al ahorro de energía y por querer garantizar a corto plazo los ingresos del sistema eléctrico, se ponen nuevas barreras a la reducción de los costes energéticos y a la financiabilidad de las inversiones en eficiencia energética.

Los informes de los anteriores reguladores (CNE y CNC) y las declaraciones de destacados miembros del Parlamento Europeo han criticado cómo la reforma del Gobierno olvida los compromisos que establece la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética.

La Comisión Europea los recordó en una comunicación de 6 de noviembre de 2013 al reafirmar que Europa no puede permitirse derrochar energía y que la eficiencia energética es un objetivo prioritario para la garantía de suministro y la competitividad.

Artículo publicado en: FuturENERGY Marzo 2014

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