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Los ayuntamientos “tienen la posibilidad y la capacidad de convertirse en los actores principales del cambio de modelo energético”, así lo destacó ayer Fernando Ferrando, Presidente de la Fundación Renovables durante la Jornada Hacia la sostenibilidad energética y el futuro renovable de las ciudades, organizada por la Fundación Renovables y Energy Cities. En el fructífero encuentro, enmarcado dentro del proyecto The Renewables Networking Platform de la Comisión Europea, diferentes expertos en energía y responsables políticos de las ciudades pioneras en el escenario de la transición energética a nivel europeo intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre el camino a seguir para alcanzar municipios eficientes, sostenibles y habitables. Un camino que, tal y como señaló Miriam Eisermann, Responsable de Comunicación y Política de Energy Cities, “no ha de centrarse en los obstáculos sino en obtener soluciones disruptivas que han de exigirse a los gobiernos”.

En un contexto de inacción gubernamental, los municipios han de ser necesariamente el elemento de arrastre para la transición energética. Las administraciones locales deben ser conscientes de lo que se puede hacer, y de lo que ya se está haciendo, en el ámbito de la sostenibilidad en los espacios urbanos, pero para ello, tal y como afirmó Juan Ávila Francés, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, “hay que dotarlas de las herramientas necesarias para que puedan ser agentes activos del cambio”.

En esta línea, Stephan Brandligt, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Delft (Países Bajos), remarcó la importancia de implicar a los ciudadanos en este proceso de transición energética y en los planes de adaptación y mitigación del cambio climático que se pongan en marcha desde los ayuntamientos. En Países Bajos el 80% de los ciudadanos manifiestan su voluntad de ser partícipes de las decisiones que se tomen en su barrio o distrito por lo que las políticas locales “han de ser transparentes y reflejar el interés común”.

Desde Ecodes, Cristina Monge, Directora de Conversaciones, remarcó la necesidad de replantear y repensar el modelo de ciudad para combatir la desigualdad ya que son los colectivos más vulnerables y las personas con menos recursos las que sufren más directamente las consecuencias del actual y contaminante modelo, aunque, añadió, “el telón de fondo acoge a toda la ciudadanía”.

El autoconsumo en las ciudades fue otro de los temas abordado en la jornada. Sara Pizzinato, Responsable de la Campaña de Renovables de Greenpeace España, desgranó un estudio de la ONG que demuestra que “un 30% de los ciudadanos está muy interesado en abandonar su rol de consumidor ciego para involucrarse activamente en la transición energética”. Cristina Castells, Gerente de la Agencia Local de la Energía de Barcelona, explicó el proyecto de comercializadora municipal que la Ciudad Condal pondrá en marcha en julio de 2018 a nivel municipal y en 2019 a nivel ciudadano y que, tal y como aseguró, pretender configurarse como un elemento que ayude al ciudadano a mejorar sus hábitos de consumo.

Las ciudades de Copenhague, Vitoria-Gasteiz y París, compartieron sus experiencias como ciudades pioneras en la implementación de esquemas de movilidad sostenible. Mikkel Larsen, Agregado de Comunicación en la Embajada de Dinamarca en España, explicó la hoja de ruta seguida por la capital danesa para alcanzar el objetivo de ser neutra en carbono en 2025. Por su parte, Roberto González, Jefe del Área de Sensibilización Ambiental del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz, desgranó las iniciativas sobre movilidad emprendidas a nivel local desde que en 2008 la ciudad firmase el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible. Si bien Copenhague centra sus políticas de movilidad en fomentar los transportes en bicicleta, las de Vitoria-Gasteiz pasan por la “peatonalización bien entendida”, no como un objetivo sino como una forma de hacer una ciudad más humana. También París ha decidido implantar objetivos ambiciosos que pasan por una reducción del consumo de energía del 50%, una reducción del 80% de su huella de carbono y un 100% de energías renovables y cero emisiones para 2050, tal y como explicaron Yann Françoise, Responsable de la División de Clima-Energía y Economía Circular de la Agencia de Ecología Urbana de París y Julien Dossier, Fundador de Quattrolibri, estrategias bajas en carbono.

Por su parte, Rodolfo López, Jefe del Departamento de Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Madrid, anticipó algunos detalles de la Hoja de Ruta para la Sostenibilidad Energética del Ayuntamiento de Madrid en cuya elaboración ha colaborado la Fundación Renovables y con la que el consistorio pretende alcanzar su autosuficiencia energética en 2030.

En cuanto al marco europeo, Florent Marcellesi, Eurodiputado de EQUO, centró su intervención en el Paquete de Invierno de la Comisión Europea. Marcellesi criticó que la Directiva de Renovables no contemple objetivos vinculantes a nivel nacional y que, pese a haber aumentado el objetivo de renovables al 35%, este incluya una desviación del 10%.

Fernando Ferrando, Presidente de la Fundación Renovables, recordó que la energía es un bien básico que no puede entenderse solamente como un negocio y defendió la capacidad de los ayuntamientos para ser elementos clave del cambio de modelo como consumidores, propietarios de activos, prestadores de servicios, promulgadores de normas y agregadores.

Para finalizar, Claire Roumet, Directora Ejecutiva de Energy Cities, recordó que el interés común de todos los ciudadanos debe prevalecer por encima de cualquier interés privado. Son muchas las administraciones locales que cuentan con la capacidad y la ambición para alcanzar un futuro sostenible, por lo que invitó a todos ellas a “formar alianzas” que les permitan vencer los obstáculos y acelerar y catalizar el proceso de transición energética que ya está en marcha.

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La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la propuesta de directiva europea de renovables, aumentando los objetivos del 27% al 35% para 2030. Este objetivo del 35% de renovables pierde fuerza al existir un margen del 10% para los Estados Miembros. La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA solicita al Gobierno que incluya el objetivo del 35% en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar el desarrollo renovable español. Aspectos como el refuerzo de la seguridad jurídica o el blindaje del derecho al autoconsumo contrastan con la política energética nacional en materia de renovables.

El Parlamento Europeo ha dado hoy un importante paso hacia la nueva Directiva que marcará el desarrollo de las energías renovables durante la próxima década. La decisión de ampliar el objetivo del 27% – ya adelantada en Madrid por el europarlamentario José Blanco, ponente de la Directiva, y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete – se ha consolidado tras el paso por la Comisión de Industria, Investigación y Energía que ha elevado el objetivo de 2030 al 35%.

Incertidumbre sobre los objetivos nacionales

La buena noticia del aumento del objetivo europeo ha quedado empañada por su relación con los objetivos nacionales ya que al permitir una flexibilidad del 10% para los países, en la práctica se ha marcado un objetivo mínimo del 31,5%. La forma en la que se obligará a los Estados Miembros a cumplir el objetivo será fundamental para marcar el desarrollo renovable de éstos.

En palabras del presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig: “los objetivos vinculantes europeos son los que han motivado en España los últimos pasos a favor de las energías renovables”. Villarig ha defendido la importancia de los países en el cumplimiento del objetivo, “no podemos olvidar que, al final, son los Estados Miembros los que, en definitiva, se encargan de desarrollar las renovables y es fundamental conocer cuál es el objetivo específico para España”.

Dado el potencial del recurso renovable de nuestro país y nuestra altísima dependencia energética, deberíamos fijar un objetivo mínimo nacional en línea con lo aprobado hoy en Europa si queremos volver a tener un puesto de liderazgo en la industria renovable mundial.

Más importancia para los ciudadanos y pequeños productores

En contraste con el resultado de las subastas españolas de renovables que, al priorizar los proyectos grandes y exigir grandes avales, favorecieron a las grandes empresas, el Parlamento Europeo ha dado señales claras de una mayor socialización de la energía.

El texto aprobado blinda el derecho al autoconsumo energético y sienta las bases para simplificar en la Unión Europea los procedimientos administrativos para los proyectos inferiores a 1 MW de potencia. Estos pasos facilitan la implicación de consumidores y empresas en la gestión energética de una forma más responsable, dotándoles de mayor libertad para producir su propia energía.

Sectores difusos y blindaje ante cambios regulatorios

En el caso de los sectores difusos, cabe resaltar el transporte, donde la obligación para los combustibles aumenta del 6,8% al 10% y se fija en un 12% el objetivo de renovables en el transporte. De esta forma, los grandes protagonistas en el transporte durante la próxima década seguirán siendo los biocombustibles. En el caso calefacción y refrigeración, se duplica el porcentaje de energías renovables en estos sectores, con un aumento de dos puntos porcentuales anuales.

El Parlamento Europeo ha sido muy explícito en su apoyo a la estabilidad regulatoria, garantizando la seguridad de las inversiones en la propuesta de Directiva y obligando al pago de compensaciones cuando los proyectos se vean afectados por cambios regulatorios. De esta manera, se evitará en el futuro que los Estados Miembros puedan modificar retroactivamente la regulación y salir impunes, evitando circunstancias como la que vivimos en España desde el año 2010.

El centro tecnológico IK4-IKERLAN contará con una participación destacada dentro de la apuesta de la Unión Europeapor buscar nuevas soluciones a los principales retos del ámbito de la gestión y el almacenamiento energético. Este apoyo de la Unión Europea avala la capacidad de transferencia tecnológica a las empresas más reconocidas de nuestro entorno como CAF, Vectia (filial de Grupo CAF), Orona, Fagor Ederlan, Iberdrola Renovables y Cegasa.

En concreto, la entidad de Arrasate-Mondragón será el aliado tecnológico de los proyectos Ghost y Assured, que buscan desarrollar nuevos sistemas de movilidad eléctrica para el sector del transporte. De forma paralela, IK4-IKERLAN lidera la iniciativa de mejora de la eficiencia energética en la industria, denominada ETEKINA.
Los tres proyectos se llevarán a cabo dentro del programa H2020 de la Comisión Europea y para ello contarán con un presupuesto total que asciende a más de 30 millones de euros.

Mejorar el comportamiento energético en procesos industriales

El primero de los retos al que deberá hacer frente IK4-IKERLAN tiene como finalidad mejorar el comportamiento energético de los procesos de producción mediante la recuperación y la reutilización de calor que actualmente se disipa en los mismos. De esta manera, el centro tecnológico busca fomentar la competitividad del tejido industrial.

En el marco del proyecto ETEKINA, que ha arrancado en 2017y tendrá una duración de 4 años, el centro tecnológico está trabajando en el desarrollo y validación de intercambiadores de calor basados en tecnología de caloductos para el sector del acero, cerámico y el de los metales no ferrosos. El calor recuperado será utilizado en los procesos industriales mejorando su eficiencia energética, reduciendo sus costes operacionales y minimizando las emisiones de CO2.

Se prevé que el proyecto culmine con la instalación de los dispositivos en entornos reales, como la fábrica de Fagor Ederlan en Arrasate (sector aluminio), en las instalaciones de SIJ Metal Ravne en Eslovenia (sector del acero), y en la planta de Ceramiche Atlas Concorde Spa, en Italia (sector cerámico).

Nuevas soluciones eléctricas para el transporte

IK4-IKERLAN contará, a su vez, con un papel destacado dentro de los proyectos Assured y Ghost, que tendrán como objetivo favorecer una progresiva electrificación del sector del transporte, uno de los retos mundiales del futuro.

Por un lado, la iniciativa Assured, liderada por la Vrije Universiteit Brussel (VUB), reunirá a entidades de la talla de Iveco, Volvo, MAN, Vectia, ABB, Siemens o Alstom, entre otras, que trabajarán conjuntamente para contribuir al desarrollo de una nueva generación de cargadores de alta potencia para autobuses y camiones.

El proyecto, que arranca este mes de octubre y tendrá una duración de 4 años, contará con un presupuesto de 18,7 millones de euros y buscará desarrollar tecnologías de almacenamiento y gestión de energía que permitan reducir el tiempo de carga de los vehículos, incrementar su autonomía y satisfacer la demanda de las ciudades.

En el marco de Assured, IK4-IKERLAN se centrará en el análisis y evaluación de los principales factores que afectan al correcto funcionamiento de los sistemas de almacenamiento, como pueden ser el desgaste que sufren las baterías a lo largo de su vida útil o el comportamiento que presentan en regímenes de operación de alta potencia.

Para ello, el centro trabajará junto con el fabricante de autobuses eléctricos Vectia (Grupo CAF) y la empresa de ingeniería ABB en uno de los grupos de trabajos que demostrará la operación de autobuses 100% eléctricos mediante soluciones de carga super rápida en servicio (menos de 5 minutos) que permitan la operación continua de estos autobuses sin limitaciones de autonomía, así como la interoperabilidad de estas soluciones con el resto de fabricantes que conforman el consorcio Assured.

Por su parte, dentro del proyecto Ghost, que desarrollará sistemas de baterías para coches eléctricos más compactos, competitivos y fiables, el centro tecnológico liderará el desarrollo de avanzados dispositivos de almacenamiento híbrido. Estos desarrollos serán validados en las instalaciones del centro tecnológico, en Arrasate-Mondragón.

Para ello, los investigadores de IK4-IKERLAN trabajarán en el diseño de la arquitectura del sistema y en la integración de un novedoso dispositivo de control de baterías, denominado BMS (Batery Management System).

El proyecto Ghost contará con un presupuesto de 7.1 millones de euros y estará liderado por el fabricante de vehículos FIAT. Además de la marca italiana, la iniciativa reúne a gran parte de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, como es el caso de Toyota e Iveco así como importantes proveedores como Infineon y Valeo.

Se prevé que las soluciones desarrolladas a lo largo del proyecto sean integradas en sendos proyectos piloto que se aplicarán en un vehículo eléctrico de la empresa Fiat y en un autobús eléctrico de la compañía Iveco.

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Tras concluir la Cumbre del Clima (COP23) que ha acogido Bonn, la Fundación Renovables lamenta los escasos avances y considera que no están en concordancia con el margen de actuación, cada vez menor, que tenemos por delante ni con la urgencia con la que el desafío climático exige intervenir. Bonn ha supuesto una oportunidad perdida al remitir los avances a la siguiente cumbre, dejando aplazados todos los instrumentos para ejecutar el acuerdo de acción y con ello la revisión de los compromisos que, por otra parte, resultan insuficientes.

La Fundación Renovables reconoce algunos logros de la Cumbre como el acuerdo de todos los países para aumentar los niveles de ambición de la acción climática antes de 2020, el anuncio de la creación de la Alianza Global para eliminar el carbón, así como el Plan de Acción de Género y la inclusión de las comunidades indígenas en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, es necesario señalar que aún queda mucho camino por delante para asegurar que la temperatura media del planeta no supere los 2ºC frente a los valores preindustriales, tal y como se acordó en París. Un camino que debería haberse recorrido ya en esta cumbre y que sin embargo ha sido pospuesto, por lo que la Cumbre del Clima que tendrá lugar en Katowice será clave.

En cuanto al papel del Gobierno de España en la COP23, la Fundación Renovables lamenta su falta de liderazgo climático en el ámbito internacional y critica la ausencia del presidente Mariano Rajoy en la Cumbre. Mientras los gobiernos de Francia y Alemania muestran su voluntad de recuperar el liderazgo de Europa, ante el abandono de Estados Unidos, España vuelve a quedarse atrás en la lucha para afrontar el desafío climático. Una posición que resulta especialmente ilógica teniendo en cuenta que España es el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático.

Desde la Fundación Renovables reclamamos, por tanto, al Gobierno coherencia y responsabilidad ante el desafío climático. Es inadmisible que, lejos de formar parte de la lista de países que han sellado la alianza global por la que se comprometen a eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030, el Gobierno español esté poniendo todo tipo trabas para evitar el cierre del carbón, como hemos comprobado recientemente con la decisión de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas. Bonn ha mandado una clara señal de que las dinámicas globales se están alejando del carbón y nuestro país no puede seguir desoyendo esas señales, por oportunidad y conveniencia para el clima y también para nuestra economía.

España debe adoptar, tal y como propone la Fundación Renovables, una política energética sostenible con la mirada puesta en el horizonte de un 2050 cien por cien renovable y con emisiones cero. Pedimos al Gobierno que escuche a una sociedad concienciada que pide a gritos respuestas y soluciones como muestra el creciente número de ciudades y empresas que, ante la inacción gubernamental, han emprendido iniciativas a título particular encaminadas a conseguir una sociedad baja o nula en carbono. Tenemos la tecnología, el conocimiento y la experiencia para estar en la vanguardia de este cambio, solo nos falta la voluntad política.

IV Foro Solar: Las vías de futuro de la fotovoltaica después de la subasta

El Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia y el presidente de UNEF, Jorge Barredo han sido los encargados de inaugurar hoy el IV Foro Solar, en el que responsables de empresas, organismos nacionales e internacionales, expertos juristas y gobiernos autonómicos analizarán, durante dos días, la situación del sector y sus perspectivas de futuro. El Foro, que finaliza mañana, reunirá a más de 500 asistentes de once nacionalidades distintas: Alemania, Argentina, China, Francia, India, Italia, Líbano, Países Bajos, Polonia y Portugal.

El Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado el alto desarrollo de la tecnología fotovoltaica “que ya compite sin apoyos, o con apoyos reducidos” y el papel crítico que jugará en el futuro sistema energético. Asimismo, ha destacado la importancia de una regulación que compatibilice los objetivos marcados en renovables con el bienestar de la sociedad y ha abogado por mirar al futuro y abandonar debates pasados: “tenemos la oportunidad única de reconducir y reactivar la agenda de colaboración” entre la administración y el sector.

Según Navia, el Gobierno está “abierto a la eliminación de las trabas administrativas” en el autoconsumo y a la apertura de espacios de colaboración. Por último, el Secretario de Estado se ha referido a la nueva subasta de energías renovables que se celebrará en las Islas Canarias y Baleares en el primer trimestre de 2018 y ha destacado los esfuerzos de la administración para que el calendario regulatorio para el desarrollo e implantación de los 4.000 MW de energía fotovoltaica obtenidos en la pasada subasta sea lo más rápido posible.

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha repasado algunos de los hitos más importantes de la fotovoltaica en este último año. Barredo ha destacado la alta competitividad de las empresas españolas y el papel de liderazgo que están desempeñando en los mercados internacionales, afirmando que este éxito representa el sello de calidad de nuestra industria.

Asimismo, ha lamentado la intención del Gobierno de reducir la rentabilidad razonable de las renovables y sus consecuencias negativas para los propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Por último, el presidente de UNEF ha vuelto a defender un autoconsumo liberalizado, sin barreras económicas ni administrativas y como un elemento imprescindible en la lucha contra el cambio climático.

En el ámbito europeo, la Jefa de Unidad de Renovables y Política CCS de la Comisión Europea, Paula Abreu, ha destacado el crecimiento de la energía fotovoltaica un 50% por encima del resto de energías renovables, así como el papel destacado de esta fuente en la transición energética. La Comisión, según Abreu, se ha marcado el objetivo de conseguir que como mínimo el 27% de la energía consumida en 2030 sea de fuentes renovables. En este sentido, la institución está trabajando para que los estados miembros de la UE cumplan, al menos, con los objetivos de 2020, y ha destacado la necesidad de que preparen y desarrollen sus propios planes nacionales.

En este sentido ha señalado la importancia del incremento de las inversiones, que son muy destacadas en el caso de Gran Bretaña y Alemania, y el rol destacado del autoconsumo.

Por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, José Blanco, ha anunciado que el próximo martes se presentará en el Parlamento una propuesta consensuada, por la casi la totalidad de las formaciones políticas, para ampliar los objetivos de la Comisión europea y establecer un 35% de energías renovables para 2030. Blanco ha abogado por reforzar la seguridad jurídica del sector para alcanzar un marco jurídico estable, y ha pedido que se fomente el autoconsumo más allá de lo que establece la Comisión Europea, para evitar el “impuesto al sol”, estableciendo criterios para compensar a aquellos autoconsumidores que viertan su excedente a la red.

En esta primera jornada, los representantes de las empresas han destacado su voluntad de trabajar a mercado, con la regulación adecuada, y han recordado que la seguridad jurídica es clave para reducir el coste del capital y mejorar la integración de la fotovoltaica en los sistemas energéticos.

Asimismo, los expertos han afirmado que la realidad se impone a la regulación, porque la competitividad alcanzada por la fotovoltaica es su garantía de futuro. A este respecto, los PPAs y los productos derivados se presentan como una alternativa viable a las subastas.

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La Fundación Renovables aplaude el anuncio de Iberdrola de solicitar el cierre de sus dos últimas centrales térmicas de carbón, ubicadas en Asturias y Palencia, responsables de la emisión de 2 millones de toneladas de CO2 al año.

Esta decisión, reclamada en numerosas ocasiones por la Fundación Renovables y otras muchas organizaciones sociales y ecologistas, viene motivada por la inviabilidad económica de las propias centrales, al no poder cumplir con las nuevas exigencias fijadas por la Comisión Europea que limitan las emisiones de gases contaminantes para las centrales térmicas a 550 gramos CO2 emitido por kWh generado. Consideramos este un paso decisivo, pero remarcamos la necesidad de que se haga extensible, necesariamente, a todo el parque ya que su rentabilidad está basada en la no valoración de los elementos perversos que su funcionamiento tiene sobre la salud y el medioambiente.

Así mismo, la Fundación Renovables manifiesta su total rechazo al borrador de Real Decreto lanzado por el Ministerio de Energía que hace retroactiva la ley de clausura del carbón con el fin de vetar los planes de cierre de las eléctricas. Con esta postura, el Gobierno, en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren, estableciendo mecanismos de subasta carentes de cualquier tipo de planificación y abriendo la puerta a un “esquema de compensación” si nadie adquiere las centrales, mecanismo que fue negado en el caso de las renovables.

Es inadmisible que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegure en la Cumbre del Clima de Bonn que España está “en la senda de cumplimiento” de los objetivos de reducción de emisiones a 2020 mientras el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con las eléctricas por mantener activas las centrales más contaminantes.

España es el único país de Europa occidental que no se ha planteado el abandono del carbón, por lo que pedimos un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España, que se produzca antes de 2025 e incluya el compromiso de inversión necesario para garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones aplicables en cada momento; la eliminación de todas las subvenciones al carbón, como al resto de las energías sucias e ineficientes, incluyendo los incentivos procedentes de fondos públicos a la inversión medioambiental por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil y un calendario de abandono progresivo de las mismas. Todo ello acompañado de planes de “transición justa” y validado por la Organización Internacional del Trabajo.

La Fundación Renovables pide al Gobierno que lleve a cabo una verdadera reforma en la que se establezcan los precios reales para cada tecnología en base a los criterios de no dependencia, sostenibilidad y eficiencia, que abandone el papel de intervencionismo inverso y contra natura que viene adoptando y que, en un ejercicio de responsabilidad, siga el ejemplo de países vecinos e inicie una lucha decidida contra el cambio climático y cumpla con el ineludible objetivo de descarbonización, cuya expresión más clara es el cierre de las centrales de carbón y el abandono de la minería.

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad y residuos es conforme con las normas sobre ayudas estatales de la UE. El régimen contribuirá a los objetivos de la UE en materia de energía y cambio climático, preservando al mismo tiempo la competencia.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, ha declarado: “Me congratulo de observar que las últimas subastas de energía procedente de fuentes renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia: las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía ambientalmente sostenible y bajo en emisiones de carbono es importante y este régimen de ayudas contribuirá a ella.”

En virtud del régimen, los beneficiarios reciben apoyo mediante una prima por encima del precio de mercado de la electricidad, de modo que deben reaccionar ante las señales del mercado. Esta prima tiene por objeto ayudar a estas instalaciones a compensar los costes que no puedan ser recuperados mediante la venta de electricidad en el mercado y a obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica a los nuevos beneficiarios, así como a las centrales que se acogían al régimen anterior. En total, el régimen tiene unos 40.000 beneficiarios. En 2016, los pagos anuales en virtud del régimen ascendieron a 6.400 M€.

Desde 2016, las ayudas a nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. Diferentes tecnologías han competido entre sí en las últimas subastas de mayo de 2017 y de julio de 2017. En total, se adjudicaron ayudas a algo más de 8 GW de potencia, sobre todo a parques eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales. Esta protección contra una caída inesperadamente abrupta de los precios de mercado ayuda a los promotores a garantizar la financiación de los proyectos y, por lo tanto, a completarlos a tiempo. Esto ayudará a España a alcanzar sus objetivos de 2020 en materia de medio ambiente y cambio climático.

La Comisión ha evaluado el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular las Directrices de la Comisión de 2014 sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía.En particular, exigen subastas competitivas para el apoyo a la energía procedente de fuentes renovables desde 2017. Estas medidas garantizan que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Sobre esta base, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con los objetivos medioambientales de la UE, al tiempo que se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

El régimen va acompañado de un plan de evaluación con el fin de valorar su efecto. Los resultados de esta evaluación se presentarán a la Comisión a más tardar en diciembre de 2020.

El pasado 2 de noviembre el Gobierno chileno realizó el Acto de Comunicación de la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica 2017/01, que ofreció 2.200 GWh/año de energía, que abastecerá las necesidades de electricidad de clientes regulados (hogares y pymes) del Sistema Eléctrico Nacional durante 20 años a partir de 2024.

El programa de esta “Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica para abastecer los consumos de clientes sometidos a regulación de precios (Licitación de Suministro 2017/01)” comenzó en diciembre del pasado año con el envío de las bases preliminares a las empresas distribuidoras de electricidad y continuó con la publicación de las bases definitivas de este proceso en enero de este año.

A esta subasta se presentaron 24 empresas generadoras nacionales y extranjeras, principalmente con energías renovables. Según la CNE aproximadamente un total de 20.700 GWh de energía fue presentada en esta licitación, casi 9 veces la energía solicitada. Las empresas presentaron precios que partieron en los 21,48 $/MWh y finalmente se adjudicó a un precio promedio de 32,5 $/MWh, incorporándose nuevos actores al mercado eléctrico, de los cuales la mayoría pertenece al mundo de las energías renovables.

Esta licitación es la tercera que realiza el Gobierno con la Ley de Licitaciones N°20.805 y considera siete bloques de suministro, compuesto por bloques horarios que suman 1.700 GWh, y por bloques trimestrales que suman 500 GWh de energía, todos vigentes desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2043.

En esta oportunidad, el 100% de la energía adjudicada fue energía renovable, limpia, equivalente a aproximadamente 600 MW de potencia instalada en nuevos proyectos renovables, y que, de acuerdo con fuentes gubernamentales podría atraer cerca de 1.000 M$ en inversión en nueva infraestructura para el país.

El actual gobierno ha realizado ya otras dos licitaciones. La primera subasta fue en octubre de 2015 por 1.200 GWh/año, donde se presentaron 30 ofertas, todas de energías renovables, logrando un precio promedio de 79,3 $/MWh, monto 40% menor al de la licitación de 2013, que había alcanzado 129 $/MWh. En la segunda subasta, de 2016, por 12.430 GWh/año, se recibieron 84 ofertas y se adjudicó a un precio promedio de 47,6 $/MWh.

El precio de la energía alcanzado en esta licitación es un hito en el sector, ya que es el precio más bajo que se ha dado en Chile. Gracias a las subastas el precio de la energía para los hogares chilenos se ha reducido en un 75% en los últimos tres años. Actualemente el precio de la energía que están pagando los hogares es de 90 $/MWh, producto de contratos celebrados hasta 2014. Ahora, con esta licitación, se espera que los nuevos contratos vayan bajando paulatinamente a precios en torno a 50 $/MWh, lo que irá en directo beneficio de los hogares.

Los adjudicatarios

Enel Generación Chile S.A, Energía Renovable Verano Tres Spa, Atacama Solar S.A., Cox Energía Spa y Atacama Energy Holdings S.A. son las cinco empresas adjudicatarias de este nuevo y exitoso proceso que ofertó 2.200 GWh/año de energía, y que permitirá abastecer a miles de hogares y pymes a partir del año 2024.

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APPA Renovables ha presentado el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España. En 2016, el sector contribuyó con 8.511 M€ al PIB nacional, aportando 1.000 M€ en fiscalidad neta y mejorando nuestra balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 M€. El sector empleó a 74.566 trabajadores y produjo ahorros en importaciones energéticas de 5.989 M€. Los ahorros producidos en el mercado eléctrico (5.370 M€), superiores a la retribución específica percibida, confirman que las renovables abaratan nuestra factura eléctrica.

La presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España congregó en Madrid a más de 150 profesionales del sector energético. El estudio, que alcanza su novena edición, fue presentado por el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, y el director general de la Asociación, José María González Moya, que estuvieron acompañados por el director general del Club Español de la Energía, Arcadio Gutiérrez.

El Estudio trata de arrojar luz sobre los costes y beneficios que las energías renovables aportan a nuestra economía en un momento en el que se está debatiendo la velocidad de adopción de las mismas dentro de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Leve repunte del PIB y descenso del empleo

En 2016, el sector renovable contribuyó con 8.511 M€ al PIB nacional. El leve crecimiento no se ha producido por un aumento en el aporte energético, dado que la potencia permanece prácticamente estancada, con solo 43 nuevos MW, y la energía vendida ha disminuido. Esta recuperación obedece más a la reactivación de algunos sectores tecnológicos fruto de la subasta de nueva capacidad renovable registrada en 2016 (500 MW de eólica y 200 de biomasa) y el anuncio de nuevas subastas previstas para 2017.

El empleo, al contrario que el PIB, sufrió un retroceso y se situó en 74.566 puestos de trabajo, 2.760 menos que el año anterior. Se trata del nivel más bajo de empleos de toda la serie analizada, con un descenso cercano al 50% respecto al año 2008, cuando el sector empleaba a 142.940 trabajadores. Este descenso se ha debido a un fuerte ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento, derivado de la reforma eléctrica y, en particular, en las tecnologías asociadas a la bioenergía, más intensivas en empleos.

Año 2016, fin del primer semiperiodo regulatorio

El año 2016 ha supuesto la finalización del primer semiperiodo regulatorio (2014-2016). Un semiperiodo en el que las renovables han dejado de ingresar 930 M€, de los cuales 356 se prevé́ que sean percibidos por las instalaciones a lo largo de su vida útil y el resto, 574 M€, no los recuperará nunca el sector renovable. Esta cifra podría ampliarse con 664 M€ adicionales en el segundo semiperiodo (2017-2019) por una irreal estimación del precio de la electricidad a futuro. Una estimación de precios que perjudica gravemente al sector renovable y que no es consistente con otras previsiones que maneja el Ministerio para otros fines. Esta situación ha sido criticada por la CNMC que ha denunciado la “inconsistencia” y “abierta contradicción” del Ministerio al utilizar distintas estimaciones según conveniencia.

Ahorros en importaciones, descenso de las tecnologías térmicas

Las tecnologías renovables térmicas aumentaron ligeramente su contribución energética un 1,6% respecto al año previo, a pesar del descenso que experimentaron estas tecnologías en términos de PIB, lastradas por la fuerte caída de la actividad en solar térmica. El uso combinado de renovables en generación eléctrica, energía térmica y biocarburantes, permitió evitar la importación de 19.945.081 toneladas equivalentes de petróleo, lo que supuso unos ahorros en importaciones energéticas equivalente a 5.989 millones de euros.

Este efecto sobre las importaciones es fundamental para nuestra economía. Del déficit de la balanza comercial española (18.753 M€ de déficit en 2016), el 87% es consecuencia de las masivas importaciones de combustibles fósiles. Las energías renovables, por el contrario, tienen un comportamiento netamente exportador, con un saldo positivo para nuestra economía de 2.793 M€. Como todos los años analizados, las renovables fueron contribuidor fiscal neto a las arcas del Estado, contabilizándose un saldo positivo para la economía de 1.000 millones de euros en 2016.

Abaratamiento del sector eléctrico

En lo referente al sector eléctrico, el efecto depresor en los precios del mercado diario supuso un ahorro medio de 21,50 € por cada MWh adquirido. En total, las energías renovables redujeron el precio del mercado en 5.370 M€. Si tenemos en cuenta que la retribución específica – antiguas primas- de las energías renovables fue de 5.360 M€, se constata que un mix eléctrico con renovables es más barato que sin ellas. Todo ello sin contabilizar los grandes beneficios que estas energías aportan a nuestra economía. En 2016 el precio medio del mercado eléctrico se situó en 39,67 €/MWh, en caso de no haber tenido la aportación renovable el mercado hubiera registrado un valor medio de 61,17 €/MWh.

Grandes beneficios para nuestra economía

Las energías renovables evitaron la emisión de 52,2 millones de toneladas de CO2 lo que, independientemente de sus beneficios medioambientales y sobre la salud, supuso ahorros en derechos de emisión por valor de 279 M€. Este valor es anormalmente bajo debido al descenso del 30% en el precio de la tonelada de CO2.

Otros beneficios como la reducción de la dependencia energética, la fijación de población en entornos rurales o la valorización de residuos agrícolas, ganaderos y urbanos son difícilmente cuantificables. Otro efecto difícilmente medible es el componente innovador que este sector representa, las energías renovables destinan al I+D+i un 3,39% de su contribución al PIB lo que supone casi el triple que la media nacional y muy por encima de la media europea. Es importante mencionar que España es el segundo país del mundo en porcentaje de patentes renovables, un magnífico indicador del esfuerzo y los frutos de esta inversión.

Esperanza en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética

José Miguel Villarig, presidente de APPA Renovables, destacó la importancia de estos beneficios para nuestra economía durante la presentación del Estudio: “es importante que se reflejen los beneficios económicos, medioambientales y sociales que las energías renovables aportan a nuestra sociedad, porque si no los conocemos, no entenderemos por qué en el mundo el 55% de la nueva potencia ya es renovable y no podremos acometer con convencimiento el reto de la transición energética y la descarbonización”.

El presidente de la Asociación también ha mencionado la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “el sector empresarial necesita contar con un marco estable y predecible para acometer sus inversiones. Esperamos que la futura ley (de Cambio Climático y Transición Energética) contemple los beneficios de las renovables, proporcione predictibilidad al sector y establezca una fiscalidad ambiental de que “quien contamina, paga”, dando señales claras al mercado de hacia dónde nos dirigimos”.

Ingeteam están inmerso en un proyecto de investigación con la utilización de drones para optimizar el rendimiento de plantas fotovoltaicas. Este nuevo sistema dará respuesta al principal reto que afrontan las plantas solares fotovoltaicas: conseguir una alta rentabilidad que les permita competir con otras fuentes de energía tanto fósiles como renovables. El proyecto, con un presupuesto de 650.000 euros, pondrá en marcha su primer servicio de inspección con drones en 2018.

El dron cuenta con sensores incorporados, algoritmos que permiten detectar y clasificar las posibles causas de reducción del rendimiento de los paneles (roturas, suciedad o degradación), otros algoritmos que facilitan indicadores fiables y robustos del rendimiento técnico y económico del sistema y una aplicación de optimización de las actividades de mantenimiento.

Las mejoras que aportará el proyecto a nivel operativo supondrá mejorar la inspección de los paneles, reducir los tiempos de toma de medidas y post-procesado, y así como realizar las actividades de operación y mantenimiento con los mínimos costes y maximizando el tiempo de vida de la planta.

El proyecto, denominado SCARAB, está liderado por Ingeteam y cuenta con la participación de la Universidad de Castilla La Mancha. Está prevista su finalización para finales de 2019 y tiene un presupuesto de 648.510 euros, cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER, dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

A nivel técnico, el proyecto aborda el desarrollo de nuevas tecnologías en dos ramas. Por un lado, la monitorización y el tratamiento de señales para la inspección y la detección automática de fallos en paneles fotovoltaicos mediante la utilización de sensores más eficientes y, por otro lado, las tecnologías de la información, desarrollando algoritmos avanzados de clasificación de fallos, estimación del estado de la planta solar y optimización de estrategias de mantenimiento.

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