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Correspondientes a la retribución cobrada desde julio de 2013

Foto cortesía de AEE. Foto courtesy of AEE.

La eólica tiene que devolver unos 640 millones de euros de la retribución percibida a cuenta desde que el 14 de julio de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 9/2013, el pistoletazo de salida de la Reforma Energética, según cálculos provisionales de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Esta cantidad comenzará a devolverse tras la publicación por la CNMC de la Liquidación número siete de 2014 y se repartirá a lo largo de nueve liquidaciones, a finalizar en mayo de 2015. El impacto será diferente según cada instalación.

Durante los once meses de tramitación de la Reforma Energética, las empresas continuaron cobrando la retribución correspondiente a la regulación anterior, sabiendo de antemano que la retroactividad de la norma les obligaría a devolver una cantidad indeterminada y desconocida hasta el pasado junio, lo que ha dificultado considerablemente su trabajo y les ha impedido tomar medidas para minimizar las pérdidas. En junio entró en vigor definitivamente la nueva normativa –el Real Decreto 413/2014, por el que se regula a las renovables, y la Orden IET 1045/2014, que fija los parámetros retributivos­–, y con ella, el nuevo sistema de retribución a la inversión.

 

A estas complicaciones, se ha sumado el hecho de que se está produciendo un fuerte retraso en los pagos por parte de la CNMC. Tras la liquidación provisional sexta, la eólica sólo había percibido el 60,4% de lo que le corresponde, un desfase que se debe a que el Ministerio de Hacienda sólo ha cumplido en parte aún su compromiso de destinar al sector un porcentaje de los ingresos procedentes del impuesto del 7% a la generación eléctrica y de los ingresos de las subastas de CO2. Debido a los problemas de liquidez que esta situación conlleva para las empresas, AEE ha solicitado ante las instancias pertinentes que los desfases se resuelvan cuanto antes.

Además, la semana pasada se conoció una interpretación de la CNMC sobre la normativa según la cual para las instalaciones que se pusieron en marcha entre el 1 de enero y el 14 de julio de 2013 (fecha de publicación del Real Decreto-Ley 9/2013) se considerará que su vida útil regulatoria comienza el 1 de enero de 2014, lo que implica que tendrán que devolver las primas percibidas el pasado año, un total de 13,6 millones. AEE no está de acuerdo con esta interpretación.

Los ingresos del sector en el semestre ascenderán a unos mil millones antes de impuestos, cerca de un 60% por debajo de los del año anterior. Esta fuerte reducción de los ingresos es una muestra de que el sector eólico no se equivocaba al calificar de desproporcionado el impacto de la Reforma Energética en sus cuentas, máxime tratándose de un sector que apenas ha tenido impacto en la formación del déficit de tarifa. Éste, unido a la retroactividad de una regulación que afecta a la rentabilidad de instalaciones antiguas con derechos adquiridos por ley, es uno de los motivos por los que AEE ha recurrido tanto el Real Decreto 413/2014, como la Orden IET 1045/2014. Ambos recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Supremo en julio.

Los efectos de la Reforma Energética ya han comenzado a sentirse. En el primer semestre, sólo se instaló un aerogenerador de 0,08 MW en España, el primer síntoma de la sequía de inversiones que le espera al sector como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha traído consigo la Reforma. De hecho, España ha caído hasta el puesto 22 del ránking de EY de países más atractivos para invertir en renovables, muy lejos de los primeros puestos que ocupaba, junto a Alemania, Estados Unidos y China, hace tan sólo cinco años.

El hecho de tener que devolver una parte de la retribución cobrada a cuenta tendrá sin duda un impacto en las cuentas de los promotores de parques, algunos de los cuales están teniendo que refinanciar sus créditos para hacer frente a las necesidades de tesorería, entre otras cosas. Por su parte, la industria se enfrenta a una total sequía de pedidos para el mercado doméstico como consecuencia de la falta de nuevas inversiones.

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Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), tras registrar un fuerte crecimiento entre 2008 y 2011, la inestabilidad del marco regulatorio y el ajuste de las retribuciones provocaron a partir de entonces la ralentización de las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad a partir de biomasa.

De este modo, el número de plantas de producción eléctrica a partir de biomasa operativas en España se situaba en 203 en marzo de 2014, sólo 2 más que las registradas a finales del ejercicio 2012. Esta evolución contrasta con la seguida entre 2008 y 2012, período en que se pusieron en funcionamiento cien nuevas instalaciones.


La potencia instalada conjunta de estas plantas se situaba en 863 MW, 24 MW más que en diciembre 2012. El 25% de la potencia instalada correspondía a plantas alimentadas con biogás (incluyendo todas sus procedencias), el 19% a instalaciones de residuos de la industria agroforestal agrícola, el 16% a las de residuos forestales y otro 14% a las de residuos de la industria papelera.

Las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa ascendieron a 4.619 GWh en 2013, lo que supuso un aumento del 10,1% respecto a 2012, frente al 11,9% de crecimiento registrado en el año anterior.

De este modo, la participación de la generación de energía en este tipo de instalaciones se situó en el 5,9% sobre las ventas de energías renovables y en el 1,7% sobre las ventas totales de electricidad.

El valor de las ventas de energía eléctrica producida a partir de biomasa se situó en 579 millones de euros, con un incremento del 5,7% respecto a 2012, crecimiento muy inferior al registrado en años anteriores. Cabe destacar que en 2013 se produjo una caída en el precio medio de retribución de la energía eléctrica a partir de biomasa.

Las nuevas normativas sobre energías renovables aprobadas recientemente, que contemplan limitaciones en las primas y la rentabilidad de las instalaciones, suponen una importante barrera para el crecimiento del sector en los próximos años.

Entre las principales empresas que operan en el sector figuran filiales de medio ambiente o energía de grupos constructores, así como algunas de las principales compañías energéticas. Junto a ellas operan empresas de diferentes sectores ligados con la producción de biomasa, como los de la madera, el papel, el aceite o la producción de vinos y alcoholes.

Los cinco primeros operadores por potencia instalada, considerando la suma de las potencias de las plantas en las que participan, reúnen conjuntamente el 51% de la potencia total, porcentaje que se sitúa en el 69% al considerar los diez primeros.

Nuevos retos y soluciones para los cogeneradores

GESTIÓN DE PLANTAS DE COGENERACIÓN. NUEVOS RETOS Y SOLUCIONES PARA LOS COGENERADORES

La aplicación del RD 413/2014 y la nueva retribución para las tecnologías del régimen especial ha provocado un escenario de incertidumbre y reducción de ingresos que hace necesaria la implantación de nuevas soluciones encaminadas a garantizar una retribución adecuada, reduciendo el riesgo asociado a la volatilidad de los precios de mercado. En el caso concreto de las plantas de cogeneración, lo que al amparo de RD 661/2007 era válido, funcionar el máximo número de horas posibles hoy en día es absolutamente impensable, y se hace necesario buscar soluciones de gestión optimizada, que permitan a las plantas seguir funcionando con rentabilidad.

Un ejemplo reciente de cómo afectan los cambios regulatorios a este tipo de plantas lo encontramos en el primer trimestre de 2014, cuando los precios de la electricidad muy bajos hicieron extremadamente
compleja la operación de plantas de cogeneración, que incluso se vieron obligadas a parar su actividad, perdiendo mucho dinero.

Una correcta gestión de las plantas de cogeneración es fundamental para su supervivencia. Veamos un ejemplo gráfico que ilustra cómo no debe operarse ya una planta de cogeneración.

Artículo publicado en: FuturENERGY Julio-Agosto 2014

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El borrador de Real Decreto de energías renovables que, previsiblemente, se aprobará mañana en el Consejo de Ministros contiene un error que supondrá un importante perjuicio económico para la eólica, de 200 millones de euros en 2014. Este error se refiere a la previsión de los precios del mercado eléctrico para 2014, un factor fundamental a la hora de fijar la retribución de la eólica: cuanto mayor es el precio estimado, menor es la retribución. Y viceversa.
En la propuesta de orden de parámetros el precio estimado por el regulador para 2014 es de 48,21 €/MWh, un valor muy superior al precio medio de 26 €/MWh registrado en el pool en los cuatro primeros meses de este año. Dado que el real decreto va a entrar en vigor prácticamente a mitad de año, debería ser aprobado incluyendo ya los precios reales de 2014 y no con unos precios estimados hace un año, un criterio a todas luces arbitrario.
Por otro lado, AEE considera que para los años posteriores se deben eliminar los límites inferior y superior de precios previstos en la norma, de modo que la retribución se aplique según el precio medio real del mercado al final del periodo.
La normativa contenida en la Reforma Energética, que culminará con la aprobación del real decreto de renovables y la orden ministerial de parámetros, convierte a la eólica en la tecnología más perjudicada, de ahí que el sector haya solicitado reiteradamente su reformulación.

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Esta misma mañana la situación que atraviesan las energías renovables en nuestro país ha sido protagonista en el Parlamento Europeo, donde se han presentado dos peticiones, una por parte de José Donoso, Director General de UNEF y otra por parte de Piet Holtrop como abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
En su intervención el director general de UNEF, José Donoso, ha denunciado la situación en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos en España y la legislación que prohíbe el desarrollo del autoconsumo. UNEF ha defendido en Bruselas la situación de desamparo en la que se encuentra la industria en España y los más de 60.000 inversores, muchos de ellos familias, que realizaron sus inversiones en plantas fotovoltaicas confiando en el texto del BOE y respondiendo a la llamada de las sucesivas Directivas de renovables aprobadas por el Parlamento Europeo.
Donoso ha realizado una excelente, clara y concisa explicación, apoyada por material gráfico, en la que ha expuesto la situación del sector fotovoltaico en español, incidiendo en lo que ya se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones que la reforma iniciada en España, junto con las medidas que ya se han venido aplicando desde hace un par de años, son un verdadero atentado para la seguridad jurídica y la confianza de los inversores, un problema que no sólo daña a España sino que se hace extensible a Europa.
Donoso ha criticado el nuevo sistema de retribución, basado en los costes de inversión y que asigna una cantidad por MW, cantidad que se ha calculado en base a unos estándares inventados por el Gobierno, según palabras del propio Donoso, y que “incluso algunos representantes del gobierno reconocen que no se ajusta la realidad”. Continuando con su intervención José Donoso ha puesto de relieve la discrecionalidad de la nueva norma, que puede recortar la retribución de ciertas plantas en menos de un 20%, pero que para otras puede suponer recortes de hasta el 52%. El Director General de UNEF ha señalado que las plantas ni siquiera son refinanciables, pues sería necesario que los bancos aceptasen una merma muy importante de la deuda, en torno al 60%, y que el gobierno simplemente quiere que se desmantelen, lo que podría ocurrir, afectando a entre el 30 y el 50% de la potencia instalada y a miles de familias.
La intervención también ha dedicado unas palabras a los planteamientos del gobierno español sobre la ley de autoconsumo, unos planteamientos que atentan contra la libertad individual de lo que cada uno puede hacer en su propia casa, con el establecimiento de un impuesto al sol, que junto con la prohibición de almacenamiento, hacen inviables estas instalaciones. José Donoso ha reivindicado igualmente la desproporción de las multas establecidas para aquellos que dispongan de una instalación de autoconsumo no declarada, sanciones de 60 M€, cuando la sanción a una nuclear por lanzar sustancias radioactivas al ambiente supone 40 M€.
Por su parte Piet Holtrop ha repasado las denuncias que se han interpuesto al gobierno español ante los Tribunales Europeos, confiando en que a pesar de las discrepancias surgidas en algunos aspectos entre la Comisión y la Plataforma a la que representa, las denuncias prosperen. Asimismo ha anunciado dos nuevas acciones judiciales relacionadas con el autoconsumo y la reforma eléctrica y ha solicitado que el Parlamento Europeo vigile la obligación de la Comisión Europea de hacer cumplir el derecho europeo.
Las presentaciones de Donoso y Holtrop han sido apoyadas de forma contundente por Teresa Riera, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quien ha comenzado su intervención con un rotundo “todo el apoyo a los españoles”. Riera ha criticado con dureza la actuación del gobierno español en materia energética, al que ha tachado de no dejar de equivocarse y de iniciar una reforma sin lógica, ni regulatoria, ni económica, ni medioambiental. Una reforma sin una hoja de ruta ni a medio ni a largo plazo, criticada por todos los sectores económicos, por la industria y por los consumidores y ciudadanos.
También han recibido el apoyo de Tatjana Ždanoka del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener abiertas las peticiones hasta la existencia de pruebas fiables de que España va a cumplir con los objetivos en materia de renovables, la necesidad de respetar la seguridad jurídica y la imposibilidad de aceptar medidas de carácter retroactivo.
Al respecto del cumplimiento de los objetivos han sido varios los apuntes, mientras Pilar Ayuso daba por sentado que España está por encima del cumplimiento de objetivos, Giulio Volpi, de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, quien ha comentado también sobre las propuestas presentadas ha señalado que si bien España está llegando a los objetivos de 2020, la Comisión trabaja para publicar a finales de año el avance de los distintos países miembros en materia de renovables. En este aspecto José Donoso ha apuntado acertadamente, que es posible que en 2012 España estuviese en el camino de cumplir los objetivos, pero que debemos recordar que la moratoria a las renovables y la posibilidad de cierre de muchas plantas fotovoltaicas pone en peligro este cumplimiento.
Las propuestas presentadas en estas peticiones han sido duramente criticadas por Pilar Ayuso del Grupo del Partido Popular Europeo, que con los mismos dudosos argumentos que viene esgrimiendo el gobierno ha pedido que se archiven las peticiones, petición que el Parlamento ha obviado, pues como bien señalaba finalmente, Erminia Mazzoni, también del Grupo del Partido Popular Europeo y miembro de la mesa, “necesitamos tiempo para estudiar los posibles procedimientos de infracción hacia el gobierno español que se pueden poner en marcha, y para estudiar lo que se ha presentado. La petición sigue abierta y se enviará a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio”.
En conclusión, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy jueves mantener abierta y tramitar la petición ciudadana contra la reducción retroactiva de la retribución a las energías renovables en España.

Las industrias de azulejos y baldosas cerámicas, papelera, alimentación y bebidas, y ladrillos y tejas, la asociación agraria jóvenes-agricultores y cooperativas agro-alimentarias, representandomiles empresas y millones de trabajadores, denuncian que la reforma eléctrica penaliza la eficiencia energética de sus industrias y actividades.
ASCER, ASPAPEL, HISPALYT, FIAB, ASAJA y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA, asociaciones sectoriales básicas de nuestra economía real, representadas por sus presidentes, han suscrito un documento en el que reivindican la cogeneración como herramienta clave de competitividad energética para la reindustrialización de España y piden al Gobierno la modificación de la propuesta de Orden Ministerial de retribución que hace inviable la cogeneración.
Isidro Zarzoso de ASCER, Eduardo Querol de ASPAPEL, José Malpesa de HISPALYT, Pedro Astals de FIAB, Pedro Barato de ASAJA, y Fernando Marcén de COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA, presidentes de las asociaciones firmantes, describieron la importancia de la cogeneración en sus respectivas actividades y las negativas consecuencias que acarrearía para sus sectores la aprobación de esta normativa que se inscribe en las últimas medidas de la reforma eléctrica y que supondría la práctica desaparición en un año de las plantas de cogeneración.
El documento se ha enviado al Ministro de Industria con la solicitud de entrevista y el ofrecimiento de apoyo y colaboración de las asociaciones para alcanzar una solución que evite las gravísimas consecuencias potenciales. Los firmantes confían en que el Ministerio atienda su oferta de diálogo.
La cogeneración es una tecnología de alta eficiencia con la que determinadas industrias o actividades fabrican sus productos ahorrando más de un 10% de energía primaria. Apoyada y promovida por la Unión Europea por sus ventajas energéticas, ambientales y económicas, consiste en aprovechar al máximo la energía, generando a la vez y en un mismo proceso electricidad y calor, necesarios en diferentes actividades industriales, ahorrando energía y emisiones. Es energía distribuida que ahorra en redes de transporte y evita pérdidas: se consume donde se produce. Supone una herramienta clave para industrias intensivas en consumo energético –que necesitan mucha energía para fabricar sus productos-, porque las hace más eficientes energéticamente y, por tanto, más competitivas, paliando en parte los altos precios que se pagan en España por la electricidad, ganando capacidad exportadora y generando actividad y empleo. Así, el 20% del PIB industrial puede utilizar energía proveniente de cogeneración.
La reforma eléctrica maltrata a la cogeneración, penalizando precisamente a las industrias y actividades que contribuyen a la eficiencia energética del país. En 2013, los nuevos impuestos al gas, a la generación, al CO2 y otros recortes han golpeado a la cogeneración hasta tal punto que un 20% de las plantas tuvieron que parar por falta de rentabilidad. Ahora, la última normativa de la reforma -la propuesta de Orden Ministerial-, hará que las plantas entren en pérdidas operativas y tengan que cerrar. Si esto sucede, las industrias asociadas verán dispararse sus costes energéticos poniendo en riesgo su capacidad de producir, competir, exportar, mantener la actividad y el empleo.
La propuesta de Orden Ministerial de la reforma hace inviable la cogeneración, ya que directamente sitúa en pérdidas operativas a la mayoría de las plantas; los costes e impuestos son superiores a la retribución que fija el Gobierno. La normativa incumple la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que garantiza “cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable”.
Esta norma pone en peligro la consecución de importantes objetivos de política energética nacional y europea, plasmados en diversas Directivas comunitarias. Mientras en Europa se impulsa la cogeneración y la eficiencia energética, en España se la sitúa al borde de la desaparición.
La propuesta de Orden no tiene en cuenta las circunstancias, particularidades y necesidades de las industrias cogeneradoras, estableciendo límites a las horas de funcionamiento y fijando niveles de precios de mercado y sistemas de compensación inadecuados que suponen la inviabilidad del funcionamiento de estas instalaciones. El impacto sobre la competitividad de las industrias, capacidad de exportación y empleo complicarán la recuperación económica. De aprobarse esta Orden, podría generarse un escenario de cierres, deslocalizaciones y pérdida de empleo en las industrias asociadas a las que se impide tener costes energéticos competitivos en un momento en el que todos los países de Europa tratan de atraer inversiones e industrias a sus territorios y de impulsar la actividad industrial como pilar para crecer y revertir la crisis.
Las consecuencias del cierre de plantas de cogeneración conllevarían la caída de la demanda nacional de gas del 10%, la pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos, sin duda el peor escenario para la anunciada recuperación económica.
ASCER, ASPAPEL, HISPALYT, FIAB, ASAJA y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS, consideran que la reforma eléctrica penaliza injustamente sus actividades al golpear a su herramienta legítima de competitividad energética. La reforma debería desarrollar una política energética de impulso al tejido industrial en lugar de implantar un castigo a la industria que contribuye a la mayor eficiencia energética del país. Para estas asociaciones, resulta evidente que pese a que la Ley Eléctrica de 2013 garantiza la rentabilidad razonable de la cogeneración, la propuesta de Orden Ministerial la conduce al cierre.
El manifiesto suscrito concluye en que “para reindustrializar España se necesita una política energética que reivindique, entre otras cosas, la cogeneración como herramienta legítima y eficaz de competitividad de una industria fuerte que produzca en España y exporte al mundo, que mantenga y genere empleo.

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La eólica europea ha cerrado hoy filas para mostrar su desacuerdo con la política energética del Gobierno español, que ha introducido un sistema de retribución retroactivo para la eólica que modifica las reglas del juego para todas las inversiones realizadas y que pone en jaque el futuro del sector.
En una rueda de prensa conjunta con motivo de la celebración de EWEA 2014, el mayor congreso eólico europeo que se celebra desde hoy en Fira de Barcelona, Thomas Becker, consejero delegado de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), mostró su preocupación por la retroactividad de la Reforma Energética impulsada por el Ejecutivo, y por el hecho de que pueda extenderse a otros mercados, así como ahuyentar a los inversores de España. “El Gobierno español está dando el peor ejemplo posible a otros países”, afirmó. Añadió que “es difícil entender cómo España puede poner en peligro a su industria eólica, que es líder mundial”. Destacó la paradoja de que el mismo año en que la eólica se convierte en la primera fuente de electricidad de los españoles –motivo por el que el miércoles España recibirá el European Wind Energy Award– “el Gobierno promueve una regulación que pone al sector en peligro”.
José López-Tafall, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), destacó también el hecho de que “España penaliza a la eólica y Europa la premia; el sector eólico es el más perjudicado por la nueva regulación”. “España sacrifica injustamente una de sus industrias más innovadoras, que crea más empleo, que tiene más futuro en todo el mundo y que es, de hecho, imagen de la marca España. La Reforma Energética tendrá como consecuencia una enorme pérdida de competitividad para el país –que es el quinto del mundo en patentes eólicas según la ONU–, por la fuga de talentos y la pérdida de liderazgo tecnológico e I+D”, afirmó el presidente de AEE. Y
López-Tafall espera que el Gobierno español apoye a otros países en su defensa de unos objetivos energéticos ambiciosos europeos en materia de renovables de cara a 2030, “pues permitiría al sector beneficiarse del crecimiento económico y la creación de empleo que estos traerán consigo, y minimizar así los efectos económicos de la reforma en la industria nacional”.
José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) –en representación de APPA Eólica–, afirmó que “el Gobierno partiendo de un diagnóstico equivocado al considerar a las renovables culpables del déficit de tarifa ha cargado sobre ellas el gran peso de su reforma energética, y en gran medida sobre la eólica, cuando son las únicas tecnologías autóctonas y limpias que pueden reducir la dependencia energética española, que supera el 75%.”
El presidente de APPA afirmó que “la energía eólica es una tecnología rentable para la economía española. De hecho, durante 2013 la eólica generó ahorros en el precio de la electricidad por más de 4.000 millones de euros, el doble de las primas que recibió. En lo que va de año, esta tecnología ha reducido significativamente el precio de la electricidad, siendo la primera tecnología por generación eléctrica en el país con un 21% de cobertura de la demanda en 2013 y un 30% en lo va de año.”
Los responsables de otras importantes asociaciones europeas quisieron mostrar su solidaridad con la difícil situación que vive el sector en España estando presentes en la rueda de prensa: Maria McCaffery, consejera delegada de la asociación británica Renewable UK; Henning Dettmer, director general de la Asociación Eólica Alemana (BWE); y Sonia Lioret, consejera delegada de la Asociación Eólica de Francia (FEE).

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de Orden Ministerial con los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de la nueva retribución de todas las fuentes renovables. El valor aplicable de rentabilidad razonable se ha establecido en un 7,398%, que proviene del rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años, situado en un 4,398% al que se le suman 300 puntos básicos. En el siguiente artículo, publicado por CSP Today, Jorge Alcauza repasa el impacto que tendrá la nueva retribución en las plantas termosolares españolas.

El sistema mediante el cual se han instalado todas las plantas termosolares en España se basaba en un incentivo a la generación, llamado prima, que se abonaba a los productores para compensar el mayor coste de generación que el precio de la electricidad en el mercado mayorista, en España llamado pool.

Este sistema, garantizado por el Estado en forma de Ley, hizo posible el gran desarrollo de la termosolar en España, alcanzando hoy en día alrededor de 2.300 MW instalados.

Artículo publicado en: FuturENERGY Marzo 2014

La Ley 24/2013 del sector eléctrico supuso una señal esperanzadora para la cogeneración que arrastraba un año 2013 con recortes en la retribución por más de 650 millones de euros -el 22% de todos sus ingresos –, lo que había llevado a parar ya el 20% de las plantas.
La metodología anunciada ahora para la retribución es un nuevo mazazo que no se adecua en absoluto ni al funcionamiento ni a la situación de las industrias que utilizan cogeneración (alimentación, química, papelera, textil, cerámica, etc) para fabricar sus productos.
En primer lugar, los parámetros retributivos planteados en la Orden no reflejan todas las tecnologías de las industrias cogeneradoras (ciclos combinados, trigeneraciones, multicombustibles, etc.), y tampoco consideran la realidad de horas de funcionamiento de las industrias, más de la mitad de proceso continuo, que operan unas 8.500 horas al año y a las que ahora se pretende limitar la operación a 6.000 horas. Y ocurre lo mismo con aquellas que operan a 3 turnos parando por las noches en discriminación horaria.
La Ley, la propuesta de decreto y la orden de desarrollos establecen clara y tajantemente que se cubrirán todos los costes de operación de las plantas que utilizan combustibles, así como sus gastos por impuestos energéticos, CO2, mantenimiento, etc. Sin embargo, son cientos las empresas que ya han realizado sus cálculos en función de los nuevos parámetros y que están comunicando a ACOGEN que los números no están bien hechos y que no cubren los costes.
La compleja metodología empleada -805 modelos retributivos de aplicación a unas 970 plantas de cogeneración- está dificultando el cálculo del impacto económico en la cogeneración, un impacto que viene a añadirse al ya sufrido en el pasado año 2013. Y todo esto sucede cuando las expectativas señalaban que se restauraría un marco que permitiese a las industrias paradas –que ya supone el 20% de las plantas del sector- retornar a su operación con una rentabilidad razonable.
Con cogeneración se fabrica el 20% de nuestro PIB industrial España, y además el 50% de los productos fabricados con energía proveniente de cogeneración se exportan. Las industrias vinculadas suman 200.000 empleos directos. El impacto de estos recortes sobre la competitividad de las industrias, su capacidad de exportación y su empleo de confirmarse las cifras que indican estos parámetros retributivos puede hacer inútiles todos los esfuerzos de recuperación económica realizados por las empresas hasta ahora y sumir al país en este recién inaugurado 2014 en un PIB negativo y en la más rotunda recesión.
Con cogeneración se produce el 12% de la electricidad del país, utilizando el 25% del consumo gas y consumen el 20% de la electricidad de la industria manufacturera en España. Son industrias intensivas energéticamente que necesitan cogeneración para ser más eficientes y ahorrar energía. La cogeneración es la herramienta para paliar los altos precios energéticos de España en relación a sus competidoras europeas.
El director general de ACOGEN, Javier Rodríguez Morales, considera que “en España, no podemos permitirnos ni tan siquiera imaginar escenarios de mayores paradas, deslocalizaciones y pérdidas de empleo en la industria, porque ésta, la industria, es la mejor apuesta nacional para revertir la crisis y, en ello, supongo que coincidimos plenamente con el Gobierno”.

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