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SEGURIDAD JURÍDICA PARA LAS RENOVABLES

Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático ya que no se ha escuchado a ninguna de las partes afectadas por decisiones que incumben a millones de consumidores, productores de energía, sectores industriales y a la sociedad en general. La seguridad jurídica y la calidad del medio ambiente son principios de nuestra Constitución y del derecho europeo que obligan a todos los poderes públicos.

El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables. Si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.

El Ministro de Industria, desde el pasado mes de julio, ha cambiado cuatro veces de opinión sobre el déficit de la tarifa eléctrica para 2013. En dos ocasiones ha afirmado que no habría déficit y en otras dos que sí habría. Finalmente, el Gobierno incumplió su palabra y no aportó los 3.600 M€ de los Presupuestos Generales del Estado para la reforma eléctrica, con lo que enmendó su propia reforma provocando un déficit de tarifa para 2013 que, si nada lo remedia, se cargará a los consumidores. Paralelamente, sin haber aprobado todavía el decreto de renovables que presentaron en julio, sacaron una nueva versión en noviembre.

Artículo publicado en: FuturENERGY Mayo 2014

2013 se ha cerrado con un escándalo propio de este convulso año. La subasta CESUR marcando máximos y el gobierno cancelándola, por una supuesta “manipulación” que no ha podido explicar la CNMC. Las eléctricas se echan las manos a la cabeza y claman seguridad jurídica. Efectivamente, seguridad jurídica es lo que se necesita para que este país pueda seguir siendo tenido en cuenta como un destino atractivo para las inversiones en energía, para que se pueda avanzar hacia un modelo energético de futuro y sostenible.

Este año que acaba podría haber sido el de la gran reforma eléctrica que nuestro país necesita. El gobierno debería haber realizado una revisión estructural del sistema eléctrico, que hiciese frente
al grave problema del déficit de tarifa en consenso con todo el sector, escuchando a los organismos reguladores competentes y respetando la seguridad jurídica de los inversores.

Así, podríamos haber continuado avanzando hacia un hacia un modelo energético inteligente, eficaz y sostenible, que nos permitiese reducir la fuerte dependencia energética externa que lastra nuestra economía, treinta puntos por encima de la media europea, controlando nuestro impacto sobre el cambio climático y apoyando a la vez a la competitividad de nuestras empresas, algo que se traduciría inevitablemente en una mejor oferta para los consumidores, con mejores condiciones económicas y medioambientales.

Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2014

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