AEDIVE alerta al ayuntamiento de Barcelona de que la regulación que prepara acabará con el vehículo eléctrico compartido

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, ha trasladado a la alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, y a Janet Sanz, cuarta Teniente de Alcalde y Directora del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, un escrito en el que alerta a la corporación municipal de que la tramitación de la regulación de la Ordenanza Fiscal 3.10, relativa a las tasas por la utilización privativa del dominio público municipal, podría suponer que los servicios de vehículo eléctrico compartido existentes en esa ciudad dejaran de prestar servicio ante la imposibilidad de hacerlos sostenibles.

La imposición de tasas y licencias con numerus clausus para estos servicios, tal y como pretende el Ayuntamiento de la ciudad Condal, hará que el modelo de movilidad eléctrica compartida no sea rentable ni en el corto ni el medio plazo para las empresas que han apostado por ampliar la intermodalidad en el transporte de los ciudadanos de Barcelona con vehículos no contaminantes.

AEDIVE cuenta entre sus miembros asociados con las empresas de motosharing y carsharing eléctrico, algunas de las cuales operan en Barcelona, además de en otras ciudades, y ya han manifestado a la asociación la preocupación por la regulación que prevé aprobar la corporación municipal, lo que hará que dejen de prestar un servicio de utilidad para la ciudadanía por cuanto ofrecen más alternativas de interoperabilidad para su movilidad urbana.

Desde la patronal de la movilidad eléctrica se invita al Ayuntamiento de Barcelona a que reflexione sobre los excelentes resultados de la gestión de los servicios de sharing de bicicleta, moto y coche en ciudades como Madrid, donde el desarrollo de estos modelos de movilidad compartida están teniendo una enorme aceptación por parte de la ciudadanía y que han hecho de la capital un referente mundial de la movilidad eléctrica sin que ello haya supuesto al ayuntamiento inversión alguna, pues la ordenanza que establece desde hace años que en Madrid se pueda aparcar de forma ilimitada y gratuita a los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento regulado han permitido que la inversión privada haga el resto.

En otras ciudades europeas como Lisboa, Hamburgo o Dublín, se facilita igualmente el estacionamiento a los usuarios de estos vehículos, pues se entiende que no solo reducen la congestión del tráfico en un modelo de economía colaborativa, sino que además mejoran la calidad del aire al realizarse con vehículos eléctricos y ofrece más opciones a los ciudadanos para realizar sus desplazamientos.
“Estos servicios de movilidad compartida eléctrica están siendo soportados por empresas que están realizando grandes inversiones económicas y creando puestos de trabajo a nivel local, lo que redunda en un beneficio importante para las ciudades donde se implementan, ya que sin tener que realizar ninguna inversión, disponen de más opciones de intermodalidad para la movilidad de sus ciudadanos, mejorando la calidad del aire y el tráfico”, ha señalado Arturo Pérez de Lucia, Director General de AEDIVE.

Por otro lado, diversas empresas afectadas han señalado en sus alegaciones que la aprobación de la modificación de la Ordenanza podría infringir la libertad de establecimiento y vulnerar los principios de equivalencia, proporcionalidad y no discriminación en el establecimiento de la tasa y su cuantificación, mientras que el Decreto de Alcaldía para el otorgamiento de licencias y su limitación podría infringir la Directiva de servicios y libertad de establecimiento y vulnerar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.