El espectacular crecimiento conseguido en 2019 posiciona al sector fotovoltaico como un motor de la recuperación económica

Con motivo de la presentación de su Informe Anual, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha compartido las principales cifras de evolución del sector fotovoltaico durante 2019, así como las perspectivas y desafíos para su desarrollo en 2020, además de hacer un repaso por el conjunto de medidas a tomar para que el sector se convierta en el motor de la recuperación económica.

La fotovoltaica, la fuente de energía más instalada a nivel mundial en 2019

En 2019 la fotovoltaica representó el 40% de la nueva capacidad mundial, siendo la fuente de energía más instalada, tanto entre las renovables, como entre las no renovables. La nueva capacidad fotovoltaica en 2019 fue de 115 GW, lo que supone un incremento del 12% frente a 2018, alcanzando los 627 GW en acumulado.

En la Unión Europea la fotovoltaica ha registrado un crecimiento muy significativo, con un incremento de 16,7 GW nuevos instalados en 2019, lo que supone un aumento del 104% respecto a 2018 y el crecimiento más fuerte desde 2010. Además de España, los principales mercados fueron Alemania (4 GW), Países Bajos (2,5 GW), Francia (1 GW) y Polonia (800 MW).

En el ámbito de la política energética, en 2019 la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, que reconoce la transición energética como una oportunidad para expandir una actividad económica sostenible.

España, mercado líder a nivel europeo y el sexto a nivel mundial

En España, 2019 fue el mejor año de la historia para la energía fotovoltaica, al establecerse un nuevo récord de capacidad instalada tanto en plantas en suelo, con 4.201 MW de nueva capacidad, como en autoconsumo, con 459 MW. Como resultado, por primera vez desde 2008, España se situó como mercado líder a nivel europeo y el sexto a nivel mundial.

Este crecimiento del sector fotovoltaico ha generado un impacto positivo también a nivel económico y social. En 2019 la contribución directa del sector fotovoltaico al PIB español fue de 3.220 M€ (0,26%), continuando la tendencia alcista que se observó los años anteriores (0,22% en 2018 y 0,20% en 2017). Además, el sector de la energía fotovoltaica se ha confirmado como un exportador neto y el impacto económico de las exportaciones fue de 3.540 M€ en 2019, un 54% más que en 2018. Desde el punto de vista del empleo, se produjo un incremento en la generación de puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 58.699 empleos de los que 17.194 fueron directos, 21.292 indirectos y 20.213 inducidos, respectivamente.

Además, respecto a la I+D+i, la intensidad en innovación del sector fotovoltaico en su conjunto (2,15%) destaca sobre la media de empresas españolas (1,02%) y también se encuentra por encima de la media de la industria nacional (1,43%).

En el ámbito de la política energética, los hitos a destacar son la publicación del borrador del PNIEC, que en su versión revisada en los primeros meses de 2020 aumenta hasta 39 GW la cifra de potencia fotovoltaica instalada objetivo en 2030 y la fijación de la tasa de rentabilidad razonable de las energías renovables para el periodo regulatorio 2020-25 a través del RD-Ley 17/2019. Y, por último, la aprobación del RD 244/2019 de Autoconsumo que abrió la puerta a un desarrollo similar al de los países de nuestro entorno, gracias a elementos como la remuneración de excedentes, las instalaciones colectivas y el autoconsumo a través de la red.

Un sector preparado para ser motor de la recuperación económica

España está en una situación ideal para aprovechar el desarrollo del sector fotovoltaico como palanca de recuperación económica y mitigar el efecto de destrucción de empleo y tejido productivo, consecuencia de la COVID-19. Nuestro país es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, dispone de territorio disponible y un sector fotovoltaico nacional que cuenta con una base industrial sólida y competitiva, formada por empresas con tecnología propia que son líderes a nivel mundial, especialmente en el segmento de los inversores y de los seguidores solares.

La aportación del sector fotovoltaico no es solo la generación de empleo y crecimiento directo a través de sus inversiones, sino que, gracias al alto grado de competitividad en el precio de la energía obtenida, puede dotar la industria española de una ventaja en el precio de la electricidad con respecto a sus competidores. Lo que contribuiría a frenar la deslocalización e incluso impulsar la reindustrialización.

El consenso político, necesario para aprobar con agilidad la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

En ámbito normativo, para impulsar el desarrollo del sector fotovoltaico es fundamental que, en el corto plazo, se consiga alcanzar el necesario consenso entre todos los grupos parlamentarios para que se apruebe con agilidad el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de un elemento fundamental para dotar al sector de estabilidad y seguridad y para atraer las inversiones necesarias para instalar toda la capacidad fotovoltaica prevista para los próximos años, lo que puede impulsar la recuperación económica del país.

El sector fotovoltaico, que ha aplaudido el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, considera que éste debería permitir además la transposición de los aspectos pendientes de la Directiva Europea de Energías Renovables al ordenamiento jurídico español, especialmente en lo que se refiere a la seguridad jurídica y el autoconsumo.

Además, para acelerar el desarrollo de las plantas en suelo, es fundamental impulsar la digitalización del sector, dotando a las empresas de la mejor tecnología 5G disponible, lo que permitiría optimizar los procesos de fabricación y disponer de dispositivos inteligentes en las plantas solares. Asimismo, es importante acelerar la celebración de concursos en las zonas de Transición Justa para aprovechar los beneficios asociados al despliegue de las energías renovables.

Respecto al autoconsumo, es necesario reformar el diseño de la factura eléctrica reduciendo el peso del término fijo, para que los consumidores puedan ver reflejados en su factura los ahorros que supone el autoconsumo; simplificar, homogeneizar y digitalizar las tramitaciones administrativas a nivel autonómico, eliminando el requisito de la licencia de obras y sustituyéndolo por una comunicación previa, y reformar la Ley de propiedad horizontal para facilitar la realización de instalaciones de autoconsumo colectivo.