El MITECO lanza una nueva subasta de renovables para reducir la factura eléctrica y facilitar la acción climática
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado los trámites para celebrar en octubre una nueva subasta de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados para que su generación rebaje cuanto antes los precios de la electricidad y avanzar en la consecución de los objetivos climáticos. El concurso se estructura en distintos cupos o reservas de potencia, entre las que destacan 600 MW que tendrán que estar operativos en un plazo de ocho meses y 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con relevante participación local.
La última subasta de asignación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER), celebrada el pasado 26 de enero, adjudicó 3.034 MW eólicos y fotovoltaicos a unos 25 euros por MWh, un precio muy inferior a los que registra el mercado mayorista de la electricidad. Al objeto de acelerar el efecto reductor de estas fuentes renovables sobre las facturas de los consumidores, el MITECO ha lanzado una nueva puja, iniciando el trámite de audiencia de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que la convoca, que ya está disponible aquí.
Esta subasta es la segunda con el sistema establecido por el Real Decreto 960/2020 y fija plazos más ajustados que la primera para que las instalaciones ganadoras estén operativas, al igual que distintas reservas de potencia para obtener un mix equilibrado, buscando siempre el ahorro para los consumidores.
Así, se plantea una reserva de potencia de disponibilidad acelerada, con 600 MW para plantas eólicas o fotovoltaicas ya en avanzado estado de tramitación, que tendrán que estar construidas en un plazo de ocho meses desde la adjudicación de la retribución regulada, de modo que tengan impacto antes del verano de 2022.
Junto con esta reserva de disponibilidad acelerada, la subasta prevé una reserva de 1.500 MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para fotovoltaica, otra de carácter neutra de 200 MW y otra de 300 MW para sistemas solares distribuidos.
Participación ciudadana
Estos 300 MW están dirigidos a instalaciones fotovoltaicas menores o iguales a 5 MW, con fuerte carácter local, y en la adjudicación se tendrán en cuenta elementos como la población próxima al emplazamiento o la participación ciudadana en las instalaciones.
El apoyo específico a los pequeños sistemas de generación distribuida responde a que aportan una mayor eficiencia, porque precisan menos infraestructuras de red y reducen las pérdidas de energía en ellas; también se ha considerado la necesidad de democratizar el sistema eléctrico, buscando la participación activa de los ciudadanos, así como de otros agentes, como PYMES y entidades locales, en el despliegue de las tecnologías renovables.
Por otro lado, este segundo concurso concuerda con la incorporación de nueva potencia renovable entre 2020 y 2025 prevista por la Orden TED/1161/2020. Durante el resto del presente 2021 está prevista la celebración de otros procedimientos de concurrencia competitiva para un mínimo de 200 MW de energía solar termoeléctrica, 140 MW de biomasa y 20 MW para otras tecnologías.
La incorporación de la generación renovable resultante de esta subasta reducirá directamente el precio de la electricidad, al desplazar energía producida con centrales más caras y contaminantes.
En información pública hasta el 31 de agosto
El trámite de audiencia de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se convoca la segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables está abierto hasta el día 31 de agosto.
La resolución debería de estar publicada en el BOE durante la primera quincena de septiembre, momento en que las empresas podrán remitir sus propuestas. De acuerdo con ello, la subasta se celebrará durante el mes de octubre y se espera un elevado interés y una amplia participación.
Las subastas de asignación de REER ofrecen un marco retributivo estable que atrae la inversión y fomenta la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país, algo especialmente relevante en un escenario de recuperación por la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.
