Fundación Renovables reclama una nueva política energética para superar el fracaso de la última legislatura

Ante el desplome en la instalación de potencia renovable en estos últimos 4 años, con la imposición de una moratoria establecida al efecto y el caótico conjunto de normativa aprobada posteriormente (la denominada “Reforma Energética”) por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Fundación Renovables califica de gran fracaso la última legislatura desde el punto de vista de la sostenibilidad energética.

Ejemplo de este fracaso y del consiguiente atraso provocado por la política energética del Gobierno Rajoy, es el hecho de que el año 2015 ha cerrado con la instalación de tan sólo 2 MW de potencia renovable (y únicamente 25 MW en 2014). En concreto, para la energía eólica, 2015 termina sin que se haya instalado un solo megavatio, lo que tristemente nos remonta a la década de los 80, cuando una incipiente tecnología eólica, lejos del grado de madurez ya conseguido (actualmente hay 22.988 MW instalados), empezaba su desarrollo. Desde el año 2000, en esta última legislatura es en la que menos potencia eólica se ha instalado (sólo 1.932 MW).

Sin embargo, la Fundación considera que hay margen para el optimismo, siendo posible recuperar el atraso sufrido en los últimos años, si, en la nueva etapa política que comienza, se aplican de forma decidida las adecuadas políticas energéticas. Una nueva política encaminada a cambiar el actual modelo energético y avanzar hacia un modelo sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía.

En ese sentido, la Fundación Renovables critica el modelo de subastas de potencia renovable que ha puesto en marcha el MINETUR, como la realizada el pasado 14 de enero, para adjudicar 500 MW de energía eólica y otros 200 MW de biomasa en el Sistema Eléctrico peninsular, y con la que supuestamente concluiría la moratoria renovable impuesta desde 2012. Para la Fundación este sistema de subastas, además de ser insuficiente, es discriminatorio y aleja cada vez más a España del modelo de democratización de la energía al que debemos aspirar.

“Pese a la falsa euforia del MINETUR tras la reciente subasta de potencia eléctrica celebrada el pasado 14 de enero, lo cierto es que el resultado de esta energéticamente fracasada legislatura es que España tiene cada vez más difícil el cumplimiento de los objetivos vinculantes de la Unión Europea a 2020 relativos al porcentaje de energía consumida de origen renovable”, ha manifestado Fernando Ferrando, Vicepresidente de la Fundación Renovables.

Este sistema de subastas, que se celebrarán dentro del nuevo marco jurídico establecido por la Ley 24/2013, es erróneo, pues perpetúa la consideración financiera de las renovables y no sigue los criterios que se han establecido en otros países. Este sistema considera como único factor relevante el precio del pool, discriminando de esta manera a instalaciones de menor tamaño más cercanas al consumidor que no requieren de grandes y costosas infraestructuras de evacuación eléctrica con sus elevadas pérdidas y costes de transformación, los cuales, sin embargo, no se ven reflejados en la imputación de estas instalaciones al quedar diluidos en los costes generales del sistema que asumen los consumidores.

“La reciente subasta no solo ha sido un fracaso estrepitoso, sino que no existe certeza de si lo adjudicado se va realmente a ejecutar. La subasta está mal concebida pues se centra en la inversión y no en la energía, no se concreta en emplazamientos reales y, además, no hay compromiso de ejecución”, ha añadido Ferrando.

De igual manera, dicha subasta ha dejado fuera a la energía fotovoltaica, una de las principales tecnologías que se están implantando a nivel mundial y que, como el propio documento de planificación energética 2015-20 recientemente aprobado por el Gobierno reconoce, es una de las tecnologías más competitivas y técnicamente más eficiente, siendo imprescindible para que alcancemos, como mínimo, el objetivo obligatorio del 20% de renovables en el 2020.

El único aspecto positivo de la subasta es que su resultado demuestra que es posible obtener energía renovable sin ningún tipo de ayuda económica, algo que no puede hacer ninguna de las tecnologías sucias (carbón, gas, nuclear).

La Fundación Renovables plantea un cambio radical de la normativa del sector eléctrico. No obstante, si se usase la subasta como sistema, debe acotarse mucho por tecnologías y tamaños, para evitar la concentración. La remuneración debe ir por energía efectivamente introducida en la red y no por potencia instalada.

Las principales actuaciones adoptadas por el Gobierno en el ámbito renovable en los últimos tres meses ponen de manifiesto, una vez más, la constante contradicción en la que hemos estado sumidos a lo largo de la pasada legislatura. Esperamos, por tanto, con optimismo una política renovable estable y coherente a lo largo de la próxima legislatura.