La primera subasta de energía renovable tras la moratoria no deja indiferente a nadie

El pasado 14 de enero se celebró en España, la tan esperada subasta de energía renovable, en la que se asignaron 500 MW de eólica y 200 MW de biomasa. De acuerdo con el formato de subasta competitiva, cada inversor ofertaba un descuento sobre un valor estándar de retribución a la inversión al que estaría dispuesto a llevar a cabo el proyecto. El resultado ha sido que los adjudicatarios, tanto de biomasa como de eólica, están dispuestos a realizar los proyectos con un descuento del 100% sobre el valor estándar de inversión previsto. Es decir, para el caso de la eólica, están dispuestos a percibir únicamente la retribución del mercado sin prima, y para el caso de la biomasa, la retribución del mercado más una retribución variable por el coste del combustible (retribución a la operación).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, ha validado los resultados y el procedimiento seguido, confirmando que se ha realizado de forma competitiva, objetiva, transparente y no discriminatoria.

La subasta recibió ofertas tanto de grandes multinacionales como de pequeños inversores del sector energético, superando en más de 5 veces la potencia ofertada.

Los adjudicatarios

El resultado de la subasta no ha dejado de sorprender al sector, la familia Samper, que controla los conglomerados industriales aragoneses Grupo Jorge y Grupo Forestalia, arrasó dejando prácticamente fuera a las grandes eléctricas. De los 700 MW que salían a subasta, entre ambas sociedades se han adjudicado 510 MW, el 72%.

Entre ambas sociedades han copado el 80% de la potencia eólica subastada, Forestalia, a través de Energías Eólicas de Aragón,se adjudicó 300 MW y el Grupo Jorge, a través de Jorge Energy, 102 MW. En eólica, el tercer adjudicatario ha sido EDP, con 93 MW. En biomasa, Forestalia ha ganado además 108,5 de los 200 MW que se adjudicaron. Forestalia ha cerrado un acuerdo con el gigante energético chino Gedi (Guandong Electric Power) para desarrollar más de 100 de esos MW. El segundo adjudicatario en biomasa ha sido Ence, con 40 MW.

El resultado de esta subasta, que duró apenas 48 segundos, podría marcar un punto de inflexión en el sector. Y es que, a pesar de que diversas fuentes apuntan a un posible error de los que ofertaron con un descuento del 100%, o quizá a una estrategia errónea, en el sector flota una pregunta ¿qué pasará si los ganadores son capaces de construir y operar esos parques de forma rentable, sin ningún tipo de prima?

AEE: el resultado de la subasta ni es significativo ni representa la realidad del sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) que representa al 90% del sector eólico español, considera que el resultado de la subasta, la primera que tiene lugar en España, no es significativo porque no refleja la realidad del sector. El lanzamiento de una oferta de escaso volumen (500 MW) en un contexto en el que el sector lleva paralizado varios años como consecuencia de la moratoria verde ha provocado un resultado inesperado.

Tras la moratoria de 2012, se paralizaron en España unos 10.000 MW eólicos adjudicados en los distintos concursos autonómicos, unos proyectos que hoy se encuentran en diferentes situaciones, algunos de ellos en circunstancias singulares (incluso con inversiones ya realizadas), lo que se ha reflejado en el interés del sector por acudir a la subasta y en las bajas ofertas. Esta excepcionalidad no es extrapolable ni a las carteras de proyectos de la mayor parte de las empresas, ni a los parques existentes, que en su día se instalaron con unos costes tecnológicos y de inversión mucho más elevados.

AEE considera que para instalar los 6.400 MW eólicos previstos en la Planificación Energética a 2020 y, con ellos, cumplir con los objetivos europeos a 2020, es necesario convocar ya una nueva subasta. Una convocatoria de los 5.900 MW restantes antes del verano sería lo ideal, ya que de ese modo se garantizaría el tiempo necesario para la instalación de los proyectos antes de 2020. Asimismo, el Gobierno debe garantizar una regulación estable y predecible de cara al futuro. De lo contrario, es prácticamente imposible que se cumplan los objetivos marcados por la UE de que el 20% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables en 2020, que son vinculantes.