La Unión Europea invertirá 578 MEUR en una nueva interconexión eléctrica entre España y Francia

La Unión Europea invertirá 578 M€ en la nueva interconexión eléctrica entre España y Francia que transcurrirá por el Golfo de Vizcaya. Esta nueva infraestructura elevará la capacidad de interconexión entre ambos países hasta los 5.000 MW. Esta interconexión eléctrica permitirá una mayor integración de la Península Ibérica en el mercado interior de la electricidad y será esencial para que las fuentes de energía renovables se desarrollen y se pueda cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El proyecto es responsabilidad de INELFE, una sociedad mixta constituida el 1 de octubre del 2008 a partes iguales por las empresas gestoras de la red de transporte eléctrico de España y de Francia, REE y RTE, respectivamente.

La nueva infraestructura eléctrica supone un importante paso adelante para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del resto del mercado europeo de la energía. La plena interconexión del mercado es indispensable para aumentar la seguridad del suministro en Europa, reducir la dependencia de los proveedores únicos y ofrecer a los consumidores más posibilidades de elección.

En estos momentos hay una interconexión eléctrica entre Francia y España del 2,8%, incluyendo la última inaugurada entre Santa Llogaia (Gerona) y Baixas (Perpiñán). Con el proyecto por el Golfo de Vizcaya el porcentaje de interconexión alcanzará el 5% y con otros dos proyectos por los Pirineos, uno por Aragón y otro por Navarra, se llegará al 8%.

Se trata de una interconexión entre el País Vasco y Aquitania de 370 km de longitud (110 km en España y 260 km en Francia) de los cuales 90 km son terrestres y 280 km submarinos. El cable entrará en funcionamiento en el año 2025.

El coste del proyecto es de 1.750 M€. Los reguladores nacionales habían acordado un reparto del 50% de los costes entre ambos países. Con esta aportación financiera de la Unión Europea, España financiará únicamente el 37% del proyecto, aproximadamente.

La UE destaca que la subvención de 578 M€ en la interconexión entre España y Francia es la más elevada concedida hasta ahora por el Mecanismo Conectar Europa. El Gobierno valora, por ello, muy positivamente el respaldo de los fondos europeos obtenidos, que acredita la solidez técnica y económica del proyecto. El apoyo de la Unión Europea demuestra la importancia del mercado interior de la electricidad y sus infraestructuras para la construcción del proyecto europeo, avalando las posiciones que España ha mantenido históricamente.

La interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Bizkaia

El nuevo enlace eléctrico por el Golfo de Bizkaia, de 370 km de longitud, permitirá reforzar la interconexión entre España y Francia mejorando la seguridad y garantía de suministro, aumentando la eficiencia de ambos sistemas eléctricos y permitiendo una mayor integración de energías renovables. Esta interconexión, declarada Proyecto de Interés Común (PIC) en el 2013, representa un desafío importante para España, Francia y Europa en la consecución de sus objetivos hacia la transición energética europea.

La nueva interconexión entre la subestación de Gatika (cerca de Bilbao) y la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania) se compone de cuatro cables, dos por cada enlace. Este doble enlace submarino y subterráneo será en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2×1.000 MW.

España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea (UE) para 2020: un mínimo de un 10% de capacidad de producción instalada. La UE estableció en el 2002 este mínimo con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el Mercado Único de la electricidad. Esta nueva línea es fundamental ya que ampliará la capacidad comercial de intercambio de los 2.800 MW actuales hasta los 5.000 MW. Sin embargo, España seguirá necesitando desarrollar nuevas interconexiones. Aun así, con el resto de interconexiones previstas hasta 2020, España será el único país de la Europa continental por debajo del mínimo establecido por la Unión Europea.