La Fundación Renovables considera que el informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética hizo público el pasado lunes carece de ambición en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050, no aporta ni compromisos ni medidas concretas como requieren los retos planteados para nuestro país y que fruto del esfuerzo por lograr un consenso, en cualquier caso limitado, se diluyen las propuestas con demasiadas alternativas planteadas, con excesivos condicionantes que lo descartan como guía para afrontar la Transición Energética. En el plano positivo la Fundación Renovables destaca la importancia que se le da a la fiscalidad como herramienta de este proceso, fijación de un precio mínimo para el CO2, incremento de la fiscalidad de los carburantes y corrección de los desequilibrios existentes, pero aquí el informe tampoco detalla y concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas. También se valora positivamente que se pida la supresión del “impuesto al sol” que dificulta, junto con otros elementos restrictivos del RD 900, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país.

Para la Fundación Renovables lo más sorprendente del documento es la afirmación de que “no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de consumidores” a la hora de fijar los escenarios, aunque en varias ocasiones se hable del papel de los ciudadanos “si reciben las señales de precio y regulatorias oportunas para reducir la demanda”. Para la Fundación el cambio de comportamientos de ciudadanos, empresas e instituciones es, precisamente, el pilar de un cambio de modelo energético y así lo desarrolla en su propuesta “Hacia una Transición Energética Sostenible” presentada hace tres semanas y, por tanto, tenía que haber sido tenido en cuenta como input en la elaboración de escenarios y fijación de objetivos.

En cuanto a los objetivos renovables sorprende a la Fundación Renovables que los expertos consideren complicado lograr el objetivo del 27% de cobertura de la demanda final con energías renovables a 2030, quizás como justificación para hablar que en sus dos escenarios estrella no pasa del 28,4% en el denominado Transición Sostenible o el 29,7% en de Generación Distribuida muy lejos  de la propuesta del Parlamento Europeo del 35%, y, por supuesto, del 50% que plantea la  Fundación Renovables en su propuesta y que ha demostrado que además de necesario es alcanzable. Llama la atención también sobre los objetivos ridículos de aporte renovable sobre generación de electricidad en las islas: Canarias un 23% y Baleares un 13%, cuando en ellas se dan las condiciones para ser mucho más ambiciosos.

En cuanto a las tecnologías, la apuesta renovable de los expertos se circunscribe a la fotovoltaica, que sin duda tendrá un papel preeminente como apunta el documento de la Fundación pero no se considera apropiado dejar al margen al resto de tecnologías. No tiene sentido que la eólica solo vaya a contar con 3.323MW adicionales 10 años después de las subastas cuando solo la necesaria repotenciación puede multiplicar por tres esa cantidad. La Fundación lamenta que el informe considere que “una elevada potencia renovable es un riesgo para el sistema”, lo que recuerda a amenazas de tiempos pasados que el tiempo demostró injustificadas.

En el ámbito medioambiental se considera inapropiado el optimismo en la consecución de reducir las emisiones sin medidas concretas del cumplimiento de los objetivos respecto al 2005. La internalización de costes medioambientales CO₂, y su consideración que no afectan a la demanda se entiende al no ser trasladados de forma transparente al consumidor.

Por otra parte, aunque los expertos reconocen la necesidad de electrificar la demanda no fijan, una vez más, objetivos, lo que convierten este deseo en una simple declaración de intenciones. Coincide el informe con la propuesta de la Fundación Renovables, planteada desde su creación, de que las primas de las renovables deben ser pagadas por todos los vectores energéticos, pero no comparte en absoluto la otra posibilidad que plantean los expertos —que no se decantan por ninguna— que es su traslado a los Presupuestos Generales del Estado. Desde Fundación Renovables se insiste en que ese esfuerzo para conseguir un objetivo, que implica a todo el sector energético, hasta hoy soportado exclusivamente por los consumidores eléctricos, debe repartirse entre todos los vectores energéticos y especialmente por el uso de los combustibles fósiles.

En el tema nuclear la propuesta de los expertos choca con la de Fundación Renovables puesto que mientras los primeros piden prorrogar la vida útil de las centrales, el think tank renovable reclama su cierre al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento. Los expertos, eso sí, reconocen que es insuficiente la tasa sobre residuos, pero no mencionan cual es la solución para poder financiar el cierre, tratamiento de residuos y desmantelamiento de las centrales nucleares. La apuesta nuclear del Informe no cuantifica esa tasa ni señala cuáles son los costes para mantener competitiva a esta tecnología en relación con las renovables, pero recoge las tesis del Ministro de Energía de que su cierre supondría un aumento de la tarifa eléctrica de 2.000 o 3.000 M€ y justifica la apuesta por el hecho de no emitir CO₂ sin referencia al problema medioambiental de los residuos ni del riesgo de dichas instalaciones. Sorprende la consideración de potencia firme y gestionable 100% que se le da a la generación nuclear.

Respecto a la movilidad la Fundación Renovables discrepa de la apuesta por el gas que descarta en su propuesta y echa de menos una cuantificación de la penetración del vehículo eléctrico y, en general, una profundización en el desarrollo de la movilidad sostenible en el ámbito urbano. Para la Fundación recuperar la dimensión humana de las ciudades en materia energética es básico y en el Informe no se habla ni de peatonalización, ni de bicicleta, ni de recuperación urbana.

Otros apuntes de la Fundación respecto a su valoración del Informe de la Comisión de Expertos:

• Vivienda: las propuestas son mínimas pese a reconocer el desastre que supone que el 85% del parque inmobiliario de nuestro país tienen una calificación energética peor que la letra E. Solo hay una apuesta por un nuevo código de edificación y obligatoriedad del certificado energético, pero sin medidas específicas.
• Pobreza energética: el Informe mantiene el Bono social (La Fundación propugna una tarifa social) reclaman difusión e información para que sea efectivo y aunque reconocen el mal estado de las viviendas no hay propuestas concretas.
• Transición justa: El informe recoge la postura de la OIT de salvaguardar los intereses de los trabajadores de la minería, mientras que la Fundación considera que lo prioritario es que la transición sea justa para el conjunto de la sociedad, necesitamos un pacto global para poder cambiar en profundidad el actual modelo.

Por último, la Fundación Renovables no concibe como a la hora de “asegurar inversiones de largo plazo” no se haga ninguna mención al expolio que han sufrido los inversores en renovables mientras se ha abierto el camino a la consolidación de inversiones reguladas como producto financiero. No es de recibo que, con la extrema volatilidad que hemos tenido en el sector energético en los últimos 10 años, los expertos no sean capaces de mencionar en las quinientas páginas ni una línea sobre la necesidad de erradicar la inseguridad jurídica de la regulación y revertir los daños que dicha inseguridad ha causado, reivindicación que sí asume la Fundación Renovables como condición ineludible en la transición energética.