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El pasado martes día 13, se presentaba, ante los agentes sociales, en rueda de prensa, el borrador o propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Todas las medidas propuestas, tienen como objetivo cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paris contra el cambio climático. Y está en línea con las medidas que ya están en marcha en otros países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega.

Así mismo, marcas comerciales de fabricantes de vehículos también se han alineado con estas medidas, ya que algunos de ellos sólo fabricarán vehículos eléctricos a partir del año 2.019 y 2.020.

Entre las medidas más relevantes, en lo que refiere al sector de las estaciones de servicio y el parque de vehículos, destacan:

-A partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales. (Punto 2; Artículo 15; Título V)

-Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos con un volumen anual en 2017 agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 10 millones de litros, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas en un plazo de nueve meses, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. La energía eléctrica suministrada para la recarga deberá tener garantía de origen renovable. (Punto 1; Artículo 16; Título VI)

–Los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos con un volumen anual en 2017 agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior a 5 millones de litros e inferior a 10 millones de litros, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas en un plazo de quince meses, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. La energía eléctrica suministrada para la recarga deberá tener garantía de origen renovable. (Punto 2; Artículo 16; Título VI)

-En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna instalación de suministro de combustibles y carburantes a vehículos que cumpla con las condiciones establecidas en los apartados primero o segundo, los titulares de las instalaciones que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo, conjunta o individualmente alcancen al menos el 10% de las ventas anuales totales en las citadas áreas geográficas, presentarán un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas, en un plazo de quince meses a contar desde la publicación del listado de instalaciones obligadas, con el fin de instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW de origen renovable, debiendo ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses a partir de la fecha de presentación del proyecto. (Punto 3; Artículo 16; Título VI)

-La Dirección General de Política Energética y Minas mediante resolución publicará el listado de instalaciones obligadas a cumplir con las obligaciones del apartado tercero. (Punto 4; Artículo 16; Título VI)
Ante las informaciones vertidas a la opinión, el sector de automoción y EESS muestra su preocupación y abogan por una transición más ordenada, más justa y más rentable. Y avisan que la aprobación de esta nueva Ley puede tener un impacto laboral negativo.

Por su parte, LAFON Technologies, quiere mandar un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre que ha podido ocasionar esta noticia en el sector. LAFON Technologies seguirá apostando por la atención a sus clientes en su amplia gama de servicios. Sea cual sea el tipo de energía con la que trabaje. No somos partidarios de imposiciones, y nuestro objetivo es hacer ver al sector que de manera voluntaria distintas energías pueden convivir, que del fruto de la misma, se obtienen mejoras y diferenciación potenciando su negocio.

Como es sabido, LAFON Technologies está comprometido con el medio ambiente y diversificó su cartera de servicios al desarrollar la fabricación e instalación de cargadores eléctricos en EESS desde al año 2.010.

Actualmente cuenta con la instalación de casi 4.000 puntos de carga en todo el mundo. Países como Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, China, Egipto o Tailandia, ya disfrutan de nuestros puntos de carga eléctricos.

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Foto GreenPeace

Hoy, 5 de octubre, el Consejo de Ministros ha anunciado la publicación de un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para reducir la factura de la luz que seguirá trámite parlamentario para su aprobación final próximamente. UNEF valora muy positivamente el giro de la política energética sobre autoconsumo en nuestro país, finalmente observamos un marco regulatorio adecuado que permita el desarrollo óptimo del autoconsumo.

UNEF lleva siete años defendiendo una regulación de autoconsumo libre de barreras técnicas, administrativas o económicas para lograr que los consumidores y la sociedad disfruten de los beneficios sociales, ambientales y económicos que el autoconsumo proporciona.

UNEF considera de gran valor que en el mencionado RDL se reconozca el derecho de los ciudadanos a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida que en ningún momento pasa por la red, así como el reconocimiento expreso del autoconsumo colectivo en la regulación energética española.

En todos los foros, encuentros y reuniones de trabajo en los que UNEF participa u organiza, este mensaje y demanda han sido siempre una constante entre nuestros objetivos y finalmente hemos podido comprobar como el Gobierno actual, está en línea con nuestros propósitos.

El RDL también incluye medidas de calado para facilitar la implantación de autoconsumo, como son la definición de una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones, además de adoptar el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico. En ese sentido, desde UNEF consideramos que el régimen administrativo era la mayor traba impuesta al autoconsumo.

El RDL incluye además medidas para fomentar el autoconsumo compartido, una resolución que permite alcanzar una mayor eficiencia energética de las instalaciones y gracias a la cual los mayores beneficiados son los consumidores. En España, donde predomina la vivienda vertical, la posibilidad de instalar autoconsumo compartido en los edificios ofrece una gran oportunidad de reducir los costes energético y por consiguiente reducir factura de la luz.

El nuevo RDL de medidas urgentes para la reducción del precio de la electricidad contribuye directamente a la creación de empleo capilar y de un libre mercado, a la lucha contra el cambio climático; y supone la reducción del precio de la electricidad no sólo a los autoconsumidores, sino al conjunto de la sociedad.

UNEF celebra que esta sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio de modelo energético, una pieza fundamental del Paquete de Invierno de la Comisión Europea. A través del autoconsumo, administraciones, empresas y particulares logran ser más conscientes de su consumo energético, de los costes que tiene y de cómo reducirlos.

Por último, desde UNEF invitamos a todos los grupos parlamentarios que han mostrado su apoyo al autoconsumo en estos últimos años mediante varias Proposiciones de Ley, que apoyen ahora este texto para que de una vez y por todas se consiga desbloquear la regulación de autoconsumo y su potencial crecimiento en nuestro país.

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Con un sistema eléctrico, prácticamente 100% renovable, Uruguay se planta hacia el futuro mirando las oportunidades que la vertiginosa carrera tecnológica le ofrece para liberarse definitivamente de la pesada carga económica y ambiental del petróleo. Uruguay alcanzó a finales de 2017 la cifra clave de más de 1.500 MW de potencia eólica instalada, superando con creces el objetivo marcado para el país en el documento de Política Energética 2005-2030. Este valor representa, ni más ni menos, que el 75% del pico máximo de consumo del sistema eléctrico uruguayo. Pero la generación eólica no está sola, la generación renovable en su conjunto (eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa) representó en 2017 un 98% de la electricidad generada en el país.

En este contexto, AUDEE ha celebrado su IV Congreso Latinoamericano de Energía Eólica (y Otras Energías Renovables), que contó con la participación de representantes gubernamentales, responsables de asociaciones de renovables de toda Latinoamérica y expertos de la industria renovable. No sólo la energía eólica, sino la fotovoltaica, el almacenamiento energético, las redes inteligentes y la movilidad eléctrica, fueron temas a debate del Congreso.

Las sinergias de todas estas tecnologías han conducido a AUDEE a identificar como clave atender a otras realidades y tecnologías, que contribuirán al desarrollo futuro de la energía. Es por eso que sobre la base de su exitosa trayectoria, como asociación especializada en el sector eólico, AUDEE ha evolucionado para acoger todas las actividades de generación de energías renovables y tecnologías de sostenibilidad, convirtiéndose en AUDER (Asociación Uruguaya de Energías Renovables), enfocándose en: energía solar, biomasa, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, redes inteligentes y generación distribuida, entre otras.

Como complemente perfecto a esta nueva realidad de la asociación, la próxima edición del Congreso será convocada como Congreso de Energías Renovables.

El IV Congreso Latinoamericano de Energía Eólica (y Otras Energías Renovables) se celebró en un momento clave para reunir a las asociaciones y cámaras de energías renovables de la región. Son conocidos los dispares procesos que han sufrido las energías renovables en cada país latinoamericano, pero lo que es común es como los entes reguladores han encontrado los procedimientos eficientes para realizar subastas exitosas, particularmente en los últimos tres años, para obtener precios tan competitivos entre 20 a 50 U$D para proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos en Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

En todos estos países las asociaciones y cámaras de energías renovables han cumplido un importante papel como interlocutor con los entes reguladores, y como facilitador, advirtiendo con suficiente anticipación los riesgos que conllevan estos procesos un tanto explosivos, donde decenas de proyectos son aprobados al mismo tiempo. La obras de trasmisión, la logística, la financiación, los permisos, todo debe llegar a tiempo para cumplir los plazos de los proyectos.

En energía eólica, las diferentes ponencias y paneles permitieron poner de manifiesto que la generación eólica ha representado en lo que va de 2018 más del 40% de la producción de energía eléctrica en Uruguay, con aproximadamente 750 aerogeneradores en producción. La industria eólica, es hoy una industria madura en el país, lo que confirma la idoneidad de los dos paneles que trataron sobre operación y mantenimiento de parques eólicos, uno específico para mantenimiento de palas y otro para presentaciones empresariales.

La innovación también fue protagonista del congreso, por ejemplo, la innovación en fotovoltaica, con la presentación de las últimas tendencias en módulos fotovoltaicos, un excelente panel sobre la tecnología blockchain aplicada al mercado eléctrico. Y otros temas de máxima actualidad como las criptomonedas basadas en la producción de energía eléctrica y por qué no transacciones inteligentes P2P, en la era de la autoproducción, las baterías, y las redes inteligentes y resilientes

La movilidad eléctrica también tuvo su espacio en el congreso. Uruguay ya cuenta sobre la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico, que es la región más poblada y turística del país, con una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos cada 60 km. En el futuro próximo habrán puntos de recarga en todas las capitales departamentales.

En el panel de cierre del congreso quedó patente que las empresas públicas uruguayas se preparan para el futuro: por primera vez los presidentes de la empresa eléctrica y de la petrolera, ambas estatales, dialogaron sobre el futuro de ambas empresas, que en una perspectiva de apenas 10 años se enfrentarán a una realidad con la movilidad eléctrica tomando segmentos importantes del mercado.

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El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha recibido de manos del presidente de la Comisión de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, el informe final sobre diferentes escenarios de transición energética.

La Comisión ha trabajado en los últimos seis meses en analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

El informe recoge alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evalúa el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de movilidad y eficiencia energética.

En este contexto, se cuantifican diversas propuestas regulatorias por sus efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el coste económico de la energía consumida, sirviendo estos cálculos de base para una discusión objetiva de los efectos de las distintas alternativas de política energética.

El informe de la Comisión de Expertos será presentado para una ponencia en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). La composición de este grupo de expertos es la siguiente: Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares, Josep Sala y Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge Aragón, Javier Arana, José Luis de la Fuente, Miguel Duvison, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Jorge Sanz y Diego Rodríguez.

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La Fundación Renovables ha presentado hoy “Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales”, un documento que recoge más de doscientas medidas que deben adoptarse de forma urgente e ineludible, tomando 2030 como año de referencia, pues “consideramos que para esa fecha deberíamos haber iniciado el giro radical en la forma de relacionarnos con la energía que reivindicamos”. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que “para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para las últimas dos décadas”.

En opinión de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación “se trata de una propuesta proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista”. Estas propuestas de política energética parten del convencimiento de que para luchar contra el cambio climático en lo global y contra las graves disfunciones del sistema energético en nuestro país y para lograr una significativa reducción de las emisiones, es imprescindible actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo, y sobre la oferta, sustituyendo las fuentes de energía fósil y la energía nuclear, de las que dependemos y que son ineficientes, peligrosas y medioambientalmente no sostenibles por energías renovables.

Objetivos

“Hacia una Transición Energética Sostenible” realiza un completo análisis, a través de una detallada propuesta prospectiva, que abarca acciones vinculadas a la demanda (actuaciones urbanas, pobreza energética, edificios, movilidad, transporte y autoconsumo), a la oferta (Plan de Energías Renovables, plan del cierre del carbón y nucleares) y otras transversales (reforma del sector eléctrico, la fiscalidad como herramienta prioritaria y la participación ciudadana).

La demanda

Para la Fundación Renovables la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población de nuestro país y es donde se consume el 75% de la energía. Pero la propuesta no se limita a considerar la ciudad exclusivamente como consumidor de energía sino en una cuádruple vertiente: como prestadora de servicios (consideración de la energía como servicio público), como propietaria de activos (ayuntamiento como inversor en materia energética), como promulgadora de normas (sobre energía, edificación y movilidad) y como entorno participativo (difusión de buenas prácticas).

La Fundación Renovables parte de una declaración de principios y valores cuya base es la consideración de la energía como un bien básico, no solo como un negocio, y que establecen dentro de sus prioridades la lucha y resolución de la pobreza energética, muestra clara de que nuestro modelo energético no funciona socialmente, y lo hace mediante el establecimiento de una tarifa social y la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas vulnerables. Además, sin obviar la consideración de la cobertura energética como un servicio público de los ayuntamientos para contribuir a la erradicación de esta lacra social.

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Complementando  el papel de la ciudad se desarrolla un capítulo dedicado a la actuación energética en edificios. Así, se propone un exhaustivo Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, diseñado para rehabilitar 500.000 viviendas al año (un 3% del parque de 1ª vivienda) y de edificios públicos (el 5% de ellos cada año). Para la electrificación de la demanda, en lo que concierne a los edificios, se contemplan numerosas actuaciones entre las que destacan la eliminación del consumo de combustibles fósiles con una apuesta por sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor, la prohibición de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y con calderas de gasóleo a partir de 2025.

Respecto al autoconsumo, la Fundación Renovables se reafirma en exigir la derogación del Real Decreto 900/2015, en simplificar los procedimientos administrativos y en fomentar la incorporación de baterías y, especialmente, el desarrollo del autoconsumo compartido. El objetivo es que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad.

Nuestro modelo de oferta energética tiene su base en el desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que cubran en 2030 el 50% de la demanda final de energía y el 80% de la generación de electricidad, lo que multiplica por tres la producción eléctrica con energías renovables. De acuerdo a esta previsión, la generación de energía eléctrica con renovables debe alcanzar en ese año los 297 TWh, lo que supone un incremento con respecto al año 2015 de 194 TWh.

Cierre del carbón y nucleares

Asimismo, la Fundación Renovables considera ineludible el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón que, en todo caso, debe finalizar como máximo en 2025. En paralelo, apostamos por eliminar todas las subvenciones nacionales existentes al carbón, al tiempo que se deben elaborar planes de transición justa de acuerdo con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En cuanto a las nucleares, también apuesta por el cierre programado de todas las centrales, una vez haya finalizado la licencia administrativa en vigor para cada una de ellas. (De acuerdo a este criterio, en 2024 cerraría la última de las centrales).

Medidas transversales

Otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico y, entre otras medidas como la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020,  la modificación de la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la energía eléctrica que se consuma, transformando los costes fijos en variables.

En el ámbito de la fiscalidad, señala que es necesario utilizar la política fiscal como herramienta para favorecer aquellas prácticas que se deben fomentar y penalizar las que se quieran limitar. Así, una de las principales medidas consiste en modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, aumentando el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con  este aumento, la Fundación Renovables prevé que se puedan recaudar aproximadamente 3.500 millones de euros (M€) que servirán para llevar a cabo el desarrollo de planes urbanos, la rehabilitación de viviendas, la sustitución de calderas por bombas de calor, el progreso en domótica o instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.

El último capítulo sobre participación ciudadana incluye varias medidas que, se deben implementar para lograr una implicación de la sociedad real y efectiva en el cambio de modelo energético. Entre ellas se encuentran la comunicación clara de todas las administraciones públicas en cuestiones energéticas, la implantación de diseños curriculares para todos los niveles educativos y la difusión de buenas prácticas para empresas y ciudadanos. Todo ello, bajo la óptica de que son los ciudadanos los principales agentes del cambio a través del conocimiento crítico y la asunción de su responsabilidad.

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La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la propuesta de directiva europea de renovables, aumentando los objetivos del 27% al 35% para 2030. Este objetivo del 35% de renovables pierde fuerza al existir un margen del 10% para los Estados Miembros. La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA solicita al Gobierno que incluya el objetivo del 35% en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar el desarrollo renovable español. Aspectos como el refuerzo de la seguridad jurídica o el blindaje del derecho al autoconsumo contrastan con la política energética nacional en materia de renovables.

El Parlamento Europeo ha dado hoy un importante paso hacia la nueva Directiva que marcará el desarrollo de las energías renovables durante la próxima década. La decisión de ampliar el objetivo del 27% – ya adelantada en Madrid por el europarlamentario José Blanco, ponente de la Directiva, y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete – se ha consolidado tras el paso por la Comisión de Industria, Investigación y Energía que ha elevado el objetivo de 2030 al 35%.

Incertidumbre sobre los objetivos nacionales

La buena noticia del aumento del objetivo europeo ha quedado empañada por su relación con los objetivos nacionales ya que al permitir una flexibilidad del 10% para los países, en la práctica se ha marcado un objetivo mínimo del 31,5%. La forma en la que se obligará a los Estados Miembros a cumplir el objetivo será fundamental para marcar el desarrollo renovable de éstos.

En palabras del presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig: “los objetivos vinculantes europeos son los que han motivado en España los últimos pasos a favor de las energías renovables”. Villarig ha defendido la importancia de los países en el cumplimiento del objetivo, “no podemos olvidar que, al final, son los Estados Miembros los que, en definitiva, se encargan de desarrollar las renovables y es fundamental conocer cuál es el objetivo específico para España”.

Dado el potencial del recurso renovable de nuestro país y nuestra altísima dependencia energética, deberíamos fijar un objetivo mínimo nacional en línea con lo aprobado hoy en Europa si queremos volver a tener un puesto de liderazgo en la industria renovable mundial.

Más importancia para los ciudadanos y pequeños productores

En contraste con el resultado de las subastas españolas de renovables que, al priorizar los proyectos grandes y exigir grandes avales, favorecieron a las grandes empresas, el Parlamento Europeo ha dado señales claras de una mayor socialización de la energía.

El texto aprobado blinda el derecho al autoconsumo energético y sienta las bases para simplificar en la Unión Europea los procedimientos administrativos para los proyectos inferiores a 1 MW de potencia. Estos pasos facilitan la implicación de consumidores y empresas en la gestión energética de una forma más responsable, dotándoles de mayor libertad para producir su propia energía.

Sectores difusos y blindaje ante cambios regulatorios

En el caso de los sectores difusos, cabe resaltar el transporte, donde la obligación para los combustibles aumenta del 6,8% al 10% y se fija en un 12% el objetivo de renovables en el transporte. De esta forma, los grandes protagonistas en el transporte durante la próxima década seguirán siendo los biocombustibles. En el caso calefacción y refrigeración, se duplica el porcentaje de energías renovables en estos sectores, con un aumento de dos puntos porcentuales anuales.

El Parlamento Europeo ha sido muy explícito en su apoyo a la estabilidad regulatoria, garantizando la seguridad de las inversiones en la propuesta de Directiva y obligando al pago de compensaciones cuando los proyectos se vean afectados por cambios regulatorios. De esta manera, se evitará en el futuro que los Estados Miembros puedan modificar retroactivamente la regulación y salir impunes, evitando circunstancias como la que vivimos en España desde el año 2010.

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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

El informe de la Comisión de Expertos recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

 

La Comisión de Expertos estará formada por 14 miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). El grupo de expertos tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.

Esta iniciativa se une a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno para la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Las propuestas de la Comisión de Expertos serán igualmente presentadas a este Grupo de Trabajo Interministerial para informar la labor de los ministerios en esta materia.

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En la reunión celebrada hoy en Roma —organizada por los ministros italianos Paolo Gentiloni, de Asuntos Exteriores, y Carlo Calenda, de Desarrollo Económico—, los ministros responsables de asuntos energéticos de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) han acordado intensificar la cooperación energética regional para ofrecer un suministro de energía seguro, asequible y sostenible; un factor fundamental para la estabilidad y la prosperidad conjunta de la región mediterránea.

En la reunión —copresidida por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y el ministro jordano de Energía y Recursos Minerales, Ibrahim Saif— los ministros han acordado que el diálogo sobre políticas y las iniciativas concretas que deben emprenderse se llevarán a cabo mediante las tres plataformas energéticas de la UpM que cubren las áreas políticas prioritarias: la plataforma de mercado regional de la electricidad de la UpM (plataforma MRE de la UpM), la plataforma de energías renovables y eficiencia energética de la UpM (plataforma EREE de la UpM) y la plataforma de gas de la UpM.

 

Las plataformas energéticas de la UpM son estructuras eficaces y flexibles que, bajo la coordinación de la Copresidencia de la UpM, organizan y apoyan el diálogo sistemático entre los Estados miembros, instituciones financieras, organizaciones regionales, empresas industriales y expertos.

De acuerdo con el comisario Arias Cañete, “la cooperación en el sector energético ocupa un lugar destacado para el Partenariado Euromediterráneo. Ofrecer un suministro energético competitivo, sostenible y seguro es una prioridad que Europa comparte con sus socios del norte de África y Oriente Medio, y es fundamental para afianzar la estabilidad y la prosperidad de la región. Para lograr estos objetivos, se requieren inversiones en energía a gran escala en todo el Mediterráneo. La principal fuente de financiación deberá proceder de inversores privados. Por consiguiente, necesitamos marcos normativos sólidos para atraer este capital privado que tanto necesitamos”.

El ministro Saif ha declarado que “la seguridad energética es una de las principales preocupaciones y desafíos comunes que asolan nuestra región Mediterránea, agregando más restricciones al desarrollo económico y social. Los ministros y actores de la reunión de hoy dan testimonio de que sólo mediante la cooperación estratégica se puede lograr la seguridad energética. La cooperación técnica en el marco de estas tres plataformas permitirá identificar las líneas estratégicas generales. No obstante los obstáculos que persisten deben ser estratégicamente abordados. Las reformas regulatorias pueden aportar parte de la solución, pero hace falta abordar también el declive de las inversiones directas extranjeras y la falta de esquemas de financiación nacionales para proyectos de infraestructuras, que es el otro lado de la moneda”.

Según el Secretario General de la UpM, Fathallah Sijilmassi, “la reunión de hoy pone de manifiesto la voluntad común de los 43 Estados miembros para trabajar de forma conjunta en las áreas de energía y acción por el clima. Las tres plataformas deben establecer el marco regional para el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y para una integración más coherente y clara de los mercados de electricidad y gas en el Mediterráneo. Estas iniciativas ilustran los esfuerzos de la UpM por conseguir una cooperación regional más profunda y una integración económica basados en una metodología específica que traduce nuestro mandato político en proyectos concretos a través del diálogo regional entre múltiples actores”.

La plataforma de gas de la UpM pretende asentar un diálogo regional estructurado que permita el desarrollo gradual de un mercado de gas euromediterráneo para fomentar la seguridad, la transparencia y la previsión tanto de la demanda como del suministro, de modo que permita equilibrar, de forma justa y correcta, el interés de los países productores y consumidores y que proporcione una base para el desarrollo seguro a largo plazo de los abundantes recursos de la región.

La plataforma de mercado regional de la electricidad de la UpM tiene como objetivo la integración progresiva de los sistemas de energía y los mercados energéticos en la región en la que opera la UpM. Concretamente, pretende impulsar los intercambios de electricidad y las interconexiones para lograr un suministro eléctrico sostenible, asequible y seguro en beneficio de los ciudadanos y de las economías de la región euromediterránea.

La plataforma de energías renovables y eficiencia energética de la UpM tiene como finalidad impulsar la implantación progresiva de energías renovables y medidas de eficiencia energética para fomentar el desarrollo socioeconómico, contribuir a garantizar que todos los ciudadanos y negocios de la región tengan acceso a servicios energéticos modernos seguros, asequibles y fiables, y apoyar la mitigación del cambio climático y la adaptación a este en la región euromediterránea.

El acuerdo de los ministros, ya en vigor, establece las plataformas energéticas de la UpM como marco para un diálogo político estructurado con vistas a identificar colaboraciones concretas y realizar el seguimiento de su implementación. En su calidad de plataformas energéticas, éstas desempeñarán un papel crucial en el avance de la cooperación energética en toda la región del Mediterráneo.

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Impactos de la carga de los vehículos eléctricos según norma ISO 2015 (GWh y%) / EV Load Impacts by ISO, 2015 (GWh and %)

La electrificación de los vehículos de pasajeros tiene cada vez más importancia en las conversaciones sobre descarbonización en la política energética y los negocios. Antes de 2010, la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) estimó un total de 57.000 vehículos eléctricos en uso. Entre 2010 y 2015, las ventas de vehículos eléctricos las 400.000 unidades con un valor de 15.000 M$.

Con una gama más amplia de opciones de mercado y una infraestructura cada vez mayor, se prevé que el mercado de vehículos eléctricos de pasajeros llegue a tener 11,4 millones de vehículos eléctricos en la carretera, con ventas acumuladas de 12 millones de vehículos eléctricos y un valor de más de 400.000 M$ en 2025, según señala uno de los últimos informes de GTM Research.

 

Hasta la fecha alrededor de 3 M$ de incentivos federales han apoyado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Muchos estados también han ofrecido sus propios incentivos. Por otra parte, la adopción del vehículo eléctrico se apoya en la economía del consumidor y en un sentimiento creciente de que los vehículos eléctricos pueden apoyar la descarbonización. “Un análisis del precio y coste energético de vehículos convencionales, híbridos y eléctricos pone de manifiesto que el vehículo eléctrico tiene el coste de ciclo de vida más bajo, incluso en un entorno de bajos precios del petróleo,” dice Timotej Gavrilovic, consultor de GTM Research y autor del informe.

Sin embargo, todavía quedan pendientes preguntas respecto al impacto en la red de su implantación, y cómo, a su vez, esto afectará a la confianza de los consumidores. “El impacto de los vehículos eléctricos en la red eléctrica, que se estima en 1,4 TWh en 2015, depende de la rapidez con que los consumidores y la infraestructura de servicios públicos puedan adaptarse a este mercado en crecimiento“, explica Gavrilovic. La política, los incentivos y la penetración de las energías renovables presentan diferencias en distintas áreas geográficas de Estados Unidos y en sus respectivas operaciones de la red. Gavrilovic añade que, “California y Hawai se encuentran entre las primeras áreas que enfrentan la mayoría de los problemas derivados de la penetración de las renovables y el vehículo eléctrico. Estos desafíos les llevan a aumentar sus esfuerzos para innovar en la gestión de la demanda. Los vehículos eléctricos son sólo una de las muchas soluciones tecnológicas posibles en la caja de herramientas de la gestión de la demanda que pueden apoyar los objetivos generales de renovables y de descarbonización.”

Este crecimiento del mercado tendrá un impacto significativo en las infraestructuras de red existentes y previstas, y requerirá la acción de los reguladores, planificadores y gestores. Esto crea oportunidades para que los agentes del mercado existentes y nuevos proporcionen soluciones integradas para el conductor del vehículo eléctrico, los servicios eléctricos, el mercado de energía al por mayor y los integradores. En el reciente informe de GTM Research, “El Impacto de los Vehículos Eléctricos en la Red: Captación de Clientes, Carga sobre la Red y Perspectivas”, se discuten y analizan estas complejidades, para proporcionar en última instancia, una perspectiva sobre cómo se desarrollará la captación de clientes y la carga sobre la red. El informe proporciona un conjunto de herramientas de análisis para la disección de los factores que afectarán el mercado de vehículos eléctricos a través de una serie de ejercicios de análisis de datos y elaboración de modelos, para proporcionar una comprensión global de la carga que imponen los vehículos eléctricos y la demanda tanto en territorios específicos ISO / RTO y a lo largo de todo EE.UU.

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El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España celebró en Santiago de Compostela su XIV edición de su Reunión Anual con Directores Generales de Industria, Energía y Minas de las Comunidades Autónomas y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las conclusiones de este foro sobre problemática de actividad energética y minera han sido las siguientes:

  1. Se constata el buen momento de los proyectos energéticos y mineros, con el incremento de la actividad en las Comunidades Autónomas.
  2. No existe la megaminería, entendiendo como tal una actividad minera dañina. La minería actual es una actividad, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el territorio dónde se desarrolla.
  3. Se recomienda actualizar los avales y garantías de las explotaciones mineras.
  4. Es necesario revisar de forma ordenada la actual legislación minera, con atención especial a la coordinación entre las Administraciones Autonómicas y la Estatal. La competencia minera tiene un carácter sustantivo y resulta obligada su compatibilidad con otras competencias como pueden ser las urbanísticas o las medioambientales.
  5. La minería es una actividad declarada “de utilidad pública y de interés social” y no debe estar relegada a un segundo lugar respecto a actividades de tipo privado, como puede ser la agricultura.
  6. La Unión Europea apuesta por la minería en Europa y ha declarado que el 70% de su industria depende de las materias primas de origen mineral para su subsistencia.
  7. Se detecta la necesidad de personal técnico en las distintas administraciones en las secciones de energía y minas para ser más eficaz.
  8. Se considera necesario aclarar las atribuciones profesionales de los técnicos titulados, como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Bolonia. En el caso de los graduados, sólo tienen atribuciones en su especialidad, mientras que los Máster Ingeniero de Minas las tienen en todas las especialidades.
  9. Todos los asistentes consideran necesaria una campaña para mejorar la imagen de la industria y la minería sostenible.
  10. El Estado y las Comunidades Autónomas se coordinarán al objeto de tener una posición común ante la Comisión Europea.Decano-Consejo-Colegios-y-Minetur

En la reunión actuó como anfitrión Ángel Bernardo Tahoces, director general de Energía y Minas de la Xunta, junto al subdirector general de Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Daniel Torrejón Braojos. Participaron los directores generales responsables de Andalucía, María José Asensio Coto; Aragón, Alfonso Gómez Gámez; Asturias, Isaac Pola Alonso; Cantabria, Raúl Pelayo Pardo;  Castilla y León, Ricardo González Mantero; Extremadura, Olga García García, y País Vasco, Aitor Patxi Oregui Baztarrika. Además, en representación de Canarias asisitió el jefe de servicio de Minas, Ángel Morales González-Moro; por Cataluña, el subdirector general, Eduard Vall Roselló; por Murcia, Rafael Sánchez Medrano, jefe del servicio, y por Valencia, el subdirector general, José Miguel Corte López.

El decano-presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, Adolfo Rodríguez González, fue el encargado de clausurar el foro junto a Flor Díaz Pulido, jefa de la Unidad de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea.

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