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Unión Europea

La Fundación Renovables valora el esfuerzo negociador que el Parlamento Europeo ha hecho para aumentar la propuesta de partida del 27% -temerata, ridícula y exigua- que proponía la Comisión Europea como objetivo común europeo de cobertura de demanda final de energía con renovables, aunque considera que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el Cambio Climático y la dependencia energética en la Unión Europea.

Pensamos, además, que al no ser un objetivo vinculante, cada Estado Miembro puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la UE. En este sentido, creemos que es positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023.

Insistimos en que es imprescindible actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en nuestro objetivo de que el 80% de la electricidad en nuestro país se genere con renovables para el 2030. De esta manera, cumpliríamos el objetivo acordado en la UE de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico. Si bien nuestra propuesta –recogida en el documento “Hacia una Transición Energética Sostenible”- es que alcance el 50% en España para esa fecha.

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la Directiva de Renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el denominado “Impuesto al sol” que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a partir de 2023 de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW. Al respecto, no nos oponemos a que haya que pagar los servicios de red que se utilicen pero nos ratificamos en que no puede haber impuestos adicionales o que se tenga que pagar por aquellos servicios que no se han usado.

En este sentido, la Fundación Renovables exige la eliminación inmediata del “Impuesto al sol” en España así como de cualquier barrera que limite o perjudique el autoconsumo, en consonancia con el mandato de la nueva Directiva de renovables.

Como aspecto positivo, aunque insuficiente, cabe destacar que el Parlamento Europeo haya puesto un límite a la utilización de los biocombustibles de aceite de palma. En concreto, se limitarán al nivel de 2019 de cada Estado Miembro y a partir de 2023 comenzará su eliminación gradual para alcanzar el 0% en 2030. Por otro lado, esta medida más la apuesta por el 14% de renovables para el transporte –con un 3,5% para biocombustibles avanzados- ratifica en cierta manera nuestra apuesta de electrificación de la demanda.

La Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de Directiva de Renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por Miguel Arias Cañete, Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. También valoramos el último impulso que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno español con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Estación conversora de Santa Llogaia. Interconexión eléctrica España-Francia por los Pirineos orientales

La Unión Europea invertirá 578 M€ en la nueva interconexión eléctrica entre España y Francia que transcurrirá por el Golfo de Vizcaya. Esta nueva infraestructura elevará la capacidad de interconexión entre ambos países hasta los 5.000 MW. Esta interconexión eléctrica permitirá una mayor integración de la Península Ibérica en el mercado interior de la electricidad y será esencial para que las fuentes de energía renovables se desarrollen y se pueda cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El proyecto es responsabilidad de INELFE, una sociedad mixta constituida el 1 de octubre del 2008 a partes iguales por las empresas gestoras de la red de transporte eléctrico de España y de Francia, REE y RTE, respectivamente.

La nueva infraestructura eléctrica supone un importante paso adelante para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica respecto del resto del mercado europeo de la energía. La plena interconexión del mercado es indispensable para aumentar la seguridad del suministro en Europa, reducir la dependencia de los proveedores únicos y ofrecer a los consumidores más posibilidades de elección.

En estos momentos hay una interconexión eléctrica entre Francia y España del 2,8%, incluyendo la última inaugurada entre Santa Llogaia (Gerona) y Baixas (Perpiñán). Con el proyecto por el Golfo de Vizcaya el porcentaje de interconexión alcanzará el 5% y con otros dos proyectos por los Pirineos, uno por Aragón y otro por Navarra, se llegará al 8%.

Se trata de una interconexión entre el País Vasco y Aquitania de 370 km de longitud (110 km en España y 260 km en Francia) de los cuales 90 km son terrestres y 280 km submarinos. El cable entrará en funcionamiento en el año 2025.

El coste del proyecto es de 1.750 M€. Los reguladores nacionales habían acordado un reparto del 50% de los costes entre ambos países. Con esta aportación financiera de la Unión Europea, España financiará únicamente el 37% del proyecto, aproximadamente.

La UE destaca que la subvención de 578 M€ en la interconexión entre España y Francia es la más elevada concedida hasta ahora por el Mecanismo Conectar Europa. El Gobierno valora, por ello, muy positivamente el respaldo de los fondos europeos obtenidos, que acredita la solidez técnica y económica del proyecto. El apoyo de la Unión Europea demuestra la importancia del mercado interior de la electricidad y sus infraestructuras para la construcción del proyecto europeo, avalando las posiciones que España ha mantenido históricamente.

La interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Bizkaia

El nuevo enlace eléctrico por el Golfo de Bizkaia, de 370 km de longitud, permitirá reforzar la interconexión entre España y Francia mejorando la seguridad y garantía de suministro, aumentando la eficiencia de ambos sistemas eléctricos y permitiendo una mayor integración de energías renovables. Esta interconexión, declarada Proyecto de Interés Común (PIC) en el 2013, representa un desafío importante para España, Francia y Europa en la consecución de sus objetivos hacia la transición energética europea.

La nueva interconexión entre la subestación de Gatika (cerca de Bilbao) y la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania) se compone de cuatro cables, dos por cada enlace. Este doble enlace submarino y subterráneo será en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2×1.000 MW.

España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea (UE) para 2020: un mínimo de un 10% de capacidad de producción instalada. La UE estableció en el 2002 este mínimo con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el Mercado Único de la electricidad. Esta nueva línea es fundamental ya que ampliará la capacidad comercial de intercambio de los 2.800 MW actuales hasta los 5.000 MW. Sin embargo, España seguirá necesitando desarrollar nuevas interconexiones. Aun así, con el resto de interconexiones previstas hasta 2020, España será el único país de la Europa continental por debajo del mínimo establecido por la Unión Europea.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado un importante paso de cara a fijar los objetivos en materia de renovables para 2030 con la ratificación del 35% que propuso la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). APPA Renovables celebra el compromiso del Parlamento Europeo e insta al Gobierno español a respetar la voluntad de la ciudadanía europea. El apoyo del ministro Nadal es necesario para que el Consejo Europeo, que actualmente defiende un 27%, apueste por una Transición Energética más ambiciosa en la Unión Europea.

El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado la propuesta del 35% de renovables para 2030 que propuso el pasado 28 de noviembre la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). Al igual que hizo el Consejo Europeo, que fijó su posición en un 27% de renovables, el Parlamento Europeo marca con esta votación su postura de cara a la futura negociación. Desde APPA Renovables se valora positivamente el amplio respaldo del Parlamento pero lamenta que no se hayan establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas.

Una buena noticia con diversos matices

El Parlamento Europeo ha mostrado un respaldo mayoritario (70% de votos positivos) a establecer un objetivo del 35% de renovables en 2030, algo que APPA Renovables valora muy positivamente, y también se ha mostrado partidario de la estabilidad regulatoria y la eliminación de cargas o gravámenes al autoconsumo.

A pesar de la buena noticia que supone el amplio consenso a favor del objetivo del 35%, se deja en manos de los Estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales. Por ello, desde APPA Renovables, se insta al Gobierno a asumir esta amplia mayoría de la sociedad europea y española, convirtiendo ese 35% en el objetivo nacional dentro de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El compromiso del Gobierno español con la Transición Energética debe ser demostrado también en su postura ante el Consejo Europeo, elevando su posición actual del 27%.

Para alcanzar una participación de renovables de entre el 27 y el 35% (posturas del Consejo y el Parlamento), España necesita la contribución de todas las tecnologías renovables ya que debe duplicar su porcentaje de energía renovable en solo 12 años. Por ello, es preocupante que las propuestas aprobadas en relación con el sector de biocarburantes (excluyendo a los biocarburantes convencionales de la obligación de combustibles renovables, limitando su aportación al 5%, prohibiendo ciertos tipos de biodiésel desde 2021…) ponga en serio peligro la supervivencia de la industria nacional y, por tanto, su contribución a la consecución de los objetivos.

El Parlamento Europeo ha aprobado un objetivo para 2030 de al menos una aportación del 35% de energía renovable para los países de la Unión Europea, sin que sea vinculante para los Estados Miembro. El sector eólico español celebra la decisión del Parlamento Europeo respecto al objetivo de penetración de renovables. No obstante, no habiendo objetivos vinculantes para los Estados, el reto es conseguir las políticas y los instrumentos adecuados para alcanzar el objetivo común de la UE.

El resultado de la votación, que ha salido adelante con un amplio respaldo en el Parlamento Europeo de más del 70% de apoyo, supone una apuesta relevante para el futuro del sector eólico en la Unión Europea y, en particular, también para la industria eólica en España. El objetivo no es vinculante para los Estados Miembro, pero España es uno de los países con más recursos y potencial renovable tanto en volumen como en tecnologías. Por ello, AEE considera que el objetivo es abordable e incluso superable.

Con esta nueva cuota del 35%, la Unión Europea demuestra su apoyo a la industria eólica europea y a los beneficios económicos que genera este sector en el continente. La industria eólica europea emplea a 263.000 trabajadores y contribuye con 36.000 millones de euros al PIB de la UE. El año pasado supuso 8.000 millones de euros en exportaciones, de los cuales 2.500 millones corresponden a España.

Esta aprobación es un paso más para facilitar el incremento de las renovables en la UE y en España. Según el análisis de AEE, ‘Elementos necesarios para la transición energética. Propuestas para el sector eléctrico‘, la aportación de la eólica en España será de un 30% en el mix eléctrico en el año 2030, con una potencia eólica instalada de 40.000 MW. Para España, esta contribución eólica supone beneficios económicos y sociales equivalentes a una aportación al PIB de más de 4.000 millones de euros, reducción de importaciones de combustibles fósiles en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo y evitaría la emisión de 47 millones de toneladas de CO2.

La Semana Europea de la Energía Sostenible (www.eusew.eu) que tuvo lugar en Bruselas, del 15 a 19 junio proporcionó un aprendizaje e intercambio en un foro abierto para los ahorradores de energía de toda Europa motivado en tomar parte activa en la formación de la Unión de Energía.

De acuerdo con la Estrategia UE 2020 el cambio hacia una economía baja en carbono se caracteriza por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El crecimiento inteligente ha de lograrse a través de la inversión efectiva en las acciones de educación, investigación e innovación, el despliegue de las TIC, y mejorar la competitividad de las PYME. El crecimiento sostenible se logrará gracias a la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la protección del medio ambiente. La creación de empleo y el alivio de la pobreza energética harán este crecimiento más inclusivo.

Para esta estrategia, las acciones de políticas entre los niveles de la UE y los Estados miembros deben ser coordinadas, y la eficiencia energética tiene que integrarse de manera más eficaz en los edificios, el transporte y la industria. Entre las muchas herramientas existentes han sido dos las de mayor importancia que  se han destacado durante EUSEW 2015, la concesión a la eficiencia energética y Los proyectos de agregación de diferentes niveles regionales y locales para la ampliación de la escala a través de la replicación de los ejemplos de buenas prácticas.

Hoy en día la financiación de la UE para la eficiencia energética claramente está dirigida y limitada a los proyectos que desencadenan la movilización de la inversión privada. Sin embargo, los enfoques ad hoc no suelen ser lo suficientemente eficiente así, que es necesario fomentar masivamente la normalización y la creación de capacidad. Esta necesidad se expresa no sólo por la propia Comisión, sino también por el EEFIG, EU.ESCO, EFIEES y coordinadores de varios proyectos financiados por la UE como TRANSPARENSE, EESI2020 e ICP Europe.

Con respecto a las dificultades encontradas al aplicar la Eficiencia Energética según la Directiva 2012/27/UE, y en particular el artículo 8 sobre las auditorías energéticas, se presentaron varias sugerencias  a la Comisión con vistas a mejorar el texto para su revisión. Por ejemplo, sustituir los criterios de clasificación de las empresas, actualmente según su estado / número  de empleados, por el criterio de uso de energía. De hecho, los ahorros de energía potenciales y mejoras en la eficiencia no se correlacionan entre el uso de energía y/o el número de empleados o el volumen de negocios anual de una empresa.

Por otra parte, representantes de la industria pidieron una guía de implementación práctica que sirve como manual para el cumplimiento efectivo. La actual falta de estandarización asume el riesgo de las principales grandes empresas para llevar a cabo estas auditorías lo más rápido posible antes de la fecha límite del 5 de diciembre de 2015, de todos y cada uno de sus entidades ubicadas en el territorio de la UE acaba de entregar el cumplimiento, falta sin embargo, los beneficios de un enfoque sistemático. De hecho, para los datos de rendimiento de energía para ser fiable y comparable el proceso de auditoría energética debe aplicarse de acuerdo a las normas comunes, y los requisitos mínimos en cuanto a la cualificación profesional de los auditores de energía.

Cuando los Estados miembros no lo hacen, le corresponde a los agentes del sector de la mano de actores de la sociedad civil para llenar ese vacío. En esta línea de actuación la Asociación Española de Auditores y Certificadores Energéticos ENACE contribuye a garantizar dentro de España y en el mercado interior de la UE la disponibilidad de un número suficiente de auditores energéticos para la realización de auditorías de alta calidad que contribuyan a ahorrar energía.

Miguel Arias cañete, comisario de Energía y Cambio Climático de la Comisión Europea, se reunió ayer con Antonio Pérez-Palacio, presidente de Acogen, y con Javier Rodríguez, director general. En el encuentro se repasó la situación actual de la cogeneración en Europa y en España, así como la aplicación de la directiva de eficiencia energética.

Con cogeneración se produce el 11% de la electricidad y el 15% del calor consumido en la Unión Europea. Las interrelaciones de la cogeneración con la actividad industrial hacen que su papel sea clave para alcanzar el objetivo de que el 20% del PIB de la UE sea industrial en 2020, ya que entre el 30 y el 40% del PIB industrial UE es susceptible de emplear cogeneración. Acelerando las inversiones en cogeneración de las industrias se lograría ahorrar el 2% de toda la energía que se consume en Europa para 2020 y dotar de un fuerte impulso a la competitividad industrial y su empleo.

En España, la cogeneración ha generado históricamente el 12% de la producción nacional de electricidad, con unas mil cogeneraciones vinculadas a otras tantas industrias, que suponen un PIB de 25.000 millones de euros al año en sectores industriales tan diversos como alimentación y bebidas, químicas, papeleras, farmacéuticas, azulejeras, automóvil, petroquímicas, textiles y otras industrias manufactureras.

Las consecuencias de la Reforma Eléctrica han ocasionado un fuerte caída del 20% de la producción de la cogeneración, haciendo que la contribución pase del 12 al 10%, una situación que perjudica a industrias clave para la economía, que han visto como sus costes energéticos se han disparado de media por encima del 5%.

La capacidad de la cogeneración para impulsar el cumplimiento de diferentes objetivos en relación con las políticas de cambio climático, eficiencia energética, industrial, calor, mercados, etc., hace que la Unión Europea haya promulgado un marco específico para su promoción en la Directiva de Eficiencia Energética y que promueva activamente su empleo.

Por toda Europa no dejan de surgir parques eólicos nuevos, instalaciones que en 2013 cubrieron cerca del 8 % de la demanda eléctrica de la Unión Europea, según datos de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA). Lo cierto es que hay varios escollos que han impedido que ese porcentaje haya sido aún mayor, principalmente las quejas de ciudadanos por el ruido generado, las interferencias con instalaciones de telecomunicaciones y el impacto en ecosistemas. Pero ¿qué ocurriría si se pudieran solucionar todos estos problemas gracias a un programa informático?
Justamente el proyecto SOPCAWIND ha desarrollado un programa que permite hallar la ubicación óptima para un parque eólico en Europa tomando en consideración criterios tan diversos como el potencial eólico, las características del entorno local, posibles interferencias con sistemas de comunicación, el ruido, las viviendas de la zona, la exposición al sol, el efecto visual e incluso la existencia de yacimientos con valor arqueológico.


Este software, el primero que integra una base de datos tan compleja y multidisciplinar, se presentó recientemente en el evento anual 2014 de la EWEA. Su finalidad es facilitar el proceso de diseño de los parques eólicos asegurando que se tomen en consideración todos los aspectos mencionados anteriormente, evitando así complicaciones posteriores a la construcción y ahorrando costes. El sistema se alimentó de datos muy valiosos aportados por numerosas partes interesadas tanto públicas como privadas.
«Gracias a esta herramienta, por un lado, el proceso de diseño del parque eólico es mucho más fluido, y por otro, un aspecto fundamental, el promotor conoce de antemano si existe afección, y puede incluir modificaciones en el parque eólico para evitarla», explicó Daniel de la Vega, del grupo de investigación Tratamiento de la Señal y Radiocomunicaciones (TSR) de Tecnalia. La selección concienzuda de las oportunidades de desarrollo y la optimización del diseño del parque eólico, indudablemente, requieren un conocimiento profundo de la normativa local, las posibles restricciones al desarrollo e información muy detallada sobre el balance entre el coste en capital y la productividad. SOPCAWIND acelera este proceso y lo abarata al ocuparse de tareas que antes requerían de la combinación de herramientas informáticas muy caras.
Tecnalia estuvo a la cabeza del proyecto, mientras que el TSR ha contribuido, principalmente, con los algoritmos que permiten evaluar el posible impacto en los radares, sistemas de ayuda a la navegación aérea y otros sistemas de telecomunicaciones. «Aunque las situaciones de interferencia no son habituales, un parque eólico puede alterar la señal de un radar que está a unos diez o veinte kilómetros», destacó de la Vega. «Estos estudios de impacto, al ser elaborados antes de la instalación del parque eólico, permiten detectar posibles interferencias, en el caso de que existan, y así el promotor del parque eólico puede incluir modificaciones en el diseño del mismo que eviten dicha afección».
Además de optimizar el diseño de los parques eólicos y de acortar el tiempo necesario para realizar estudios de viabilidad, se espera que el proyecto influya en la futura legislación relativa a las interferencias en las telecomunicaciones. El grupo de investigación ha caracterizado la señal dispersada por los aerogeneradores en la banda UHF y evaluado su influencia en la calidad de la señal de televisión. Los resultados han sido incluidos en el proceso de elaboración de una nueva regulación internacional en esta materia, según informó Tecnalia.